El reciente Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre el MERCOSUR y la Unión Europea, es analizado por Tomás Raffo como la culminación de un modelo de «liberalismo de shock» que busca redefinir la inserción internacional de Argentina. Según el informe el tratado no es solo un pacto comercial, sino un «cerrojo institucional» similar al fallido ALCA de principios de los 2000, diseñado para desmantelar la capacidad de intervención del Estado.

El documento advierte sobre el destino extractivista para el país. Si bien se eliminan aranceles para el 92% de las exportaciones del MERCOSUR hacia la UE, estos beneficios se concentran en bienes primarios de nulo valor agregado técnico, como: Carne bovina: Se establece una cuota regional de 99,000 toneladas con 0% de arancel intra-cuota; Vinos: Eliminación de aranceles y reconocimiento de expresiones como reserva; Otros productos: Mejoras para la pesca, cítricos, legumbres y miel.

A cambio, Argentina se consolida como un importador de manufacturas de alto valor agregado, profundizando el déficit en la balanza de servicios y la transferencia de renta por propiedad intelectual.

En el mismo sentido, el informe califica el cronograma de desgravación como una «agonía programada» para el tejido industrial local. Mientras la UE abre su mercado casi de inmediato, el MERCOSUR tiene plazos de 10 a 15 años que resultan insuficientes para que las empresas nacionales alcancen escalas de producción competitivas.

Para el sector automotriz se prevé el fin de la protección arancelaria en el año 18. El acuerdo favorece la importación de vehículos eléctricos e híbridos europeos, donde la UE tiene ventaja dominante, dejando al MERCOSUR atrapado en la producción de motores de combustión obsoletos. En cuanto a tecnología y telecomunicaciones, productos como ruteadores, módems y centrales telefónicas perderán su protección gradualmente, amenazando la supervivencia de la industria de ensamblado local.

El trabajo también explica que el acuerdo impone restricciones que limitan drásticamente el margen de maniobra estatal en cuanto a contratación pública, ya que prohíbe exigir requisitos de contenido nacional o transferencia tecnológica en licitaciones, desmantelando herramientas como el «Compre Argentino».

Sobre propiedad intelectual, se imponen «candados legales» que extienden la protección de diseños industriales a 15 años, bloqueando procesos de ingeniería inversa y adaptación tecnológica local.

Ver informe completo: Un ALCA con Europa_feb26_uv