En las últimas horas del sábado las familias, acuciadas por la crisis social que vive la provincia y la falta de políticas públicas para la grave crisis habitacional, decidieron ocupar un predio deshabitado ubicado en el barrio Atocha, en el municipio de San Lorenzo, cercano a la ciudad de Salta capital.

La gran movilización de las familias motivó la intervención de la Central salteña, lo que derivó en varios dirigentes y referentes con contusiones e, incluso, varios de ellos detenidos. «Me dirigí a constatar la situación ya que me informaron del accionar de la policía», detalló el dirigente de la Central Julio Molina y denunció «golpes, amenazas y un accionar desproporcionadamente violento contra mujeres y niños que solo intentaban tener un lugar donde vivir».

El accionar violento de la policía, sin mediar diálogo alguno con las familias carenciadas, se realizó en horas de la noche violando normas que lo prohíben, con portación de armas largas e, incluso, el personal policial realizó disparos. Como resultado de ello, Julio Molina, junto a otros dirigentes de la central resultaron detenidos y, presumiblemente, con causas penales.

Desde organismos defensores de derechos humanos como la Mesa de Derechos Humanos de Salta se responsabilizó al gobierno provincial de Gustavo Sáenz por la situación que padecieron las  familias, al tiempo que se  le exigió políticas públicas de vivienda que atiendan las necesidades habitacionales de la provincia.

Un dato que se señala desde la CTA Salta es que este intento de criminalizar a dirigentes de la CTA salteña se da, sugestivamente, en momentos en que Julio Molina y otros dirigentes populares vienen alertando sobre maniobras del gobierno salteño en torno a la explotación del litio. Entonces, como viene ocurriendo en Jujuy y otras zonas del país con intereses de explotación minera, es posible atribuir la persecución contra el dirigente gremial también a motivos estrictamente económicos.