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Construcción de fuerza social en el marco de la paritaria 2022 de la industria del neumático: Aportes para el debate

A continuación compartimos el informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma en relación con el conflicto entre el SUTNA y las tres empresas productoras de neumáticos del país, y los debates que se abren en relación a la construcción de la fuerza organizada.
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El acuerdo celebrado entre el SUTNA y las tres empresas productoras de neumáticos del país puso fin a un conflicto salarial que se prolongó por más de cuatro meses. Más allá de su resultado final, que garantizó una recuperación del salario real en la paritaria 2021-2022 y en la 2022-2023, es importante hacer una cronología de su evolución para identificar el papel de los actores y la construcción de las fuerzas sociales que operaron en él.

En efecto, se trató de un reclamo que con el transcurso del tiempo viró a una disputa sobre el carácter de la organización sindical. Lo que se puso en juego fue la capacidad del sector empleador, junto con el Gobierno Nacional, para limitar las demandas colectivas y disciplinar el conflicto social. El triunfo de los trabajadores del neumático trascendió, de esta manera, las reivindicaciones salariales y sectoriales y se convirtió en una victoria del conjunto de los trabajadores.

El origen del conflicto se remonta a la revisión de la paritaria 2021-2022. En ella se había pactado un aumento del 50% con una cláusula de revisión en marzo de 2022. Activada esta cláusula se sucedieron reuniones entre ambas partes sin llegar a ningún acuerdo y a medida que pasó el tiempo se sumó la apertura de la paritaria 2022-2023.

En los primeros meses el conflicto mantuvo una baja intensidad, con acciones gremiales periódicas que no paralizaban la producción de manera indefinida, sino que lo hacían parcialmente, con paros por turnos y movilizaciones. Sin embargo, luego de cuatro meses de negociaciones y más de 30 audiencias en el Ministerio de Trabajo, el conflicto escaló y trascendió los límites sectoriales.

El incremento de la intensidad del conflicto explicitó las posiciones de ambas partes. El sindicato reclamaba una recomposición salarial para cerrar la paritaria 2021-2022, un incremento para el período 2022-2023 superior a la inflación y la recuperación de un derecho originalmente previsto en el CCT 101/75 que fue perdido en negociaciones realizadas a fines de los ’90: el pago de las horas trabajadas los sábados y los domingos con un recargo del 200% (actualmente se pagan con un recargo del 100%), lo que implicaba en los hechos una recomposición salarial del 15%.

Por su parte, la representación patronal ofreció un incremento menor al pretendido por el sindicato para el cierre de la paritaria 2021-2022, un 38% para el ciclo 2022-2023 con revisión y rechazó cualquier modificación al pago de los adicionales por las horas de los fines de semana.

El conflicto terminó de escalar en septiembre cuando el Sindicato denunció la intención de las empresas, en acuerdo con el Ministerio de Trabajo, de dar por cerradas las negociaciones sin modificar su ofrecimiento salarial. La conducción del Sindicato permaneció en el interior del Ministerio, hecho que fue denunciado penalmente por las autoridades gubernamentales, y lanzó un paro por tiempo indeterminado.

Estas medidas generaron el alineamiento explícito de distintos actores que, hasta ese momento, habían observado el conflicto a la distancia. Por un lado, la representación patronal, en palabras del titular de la empresa FATE, dejó sentado que no se trataba de un conflicto meramente salarial, sino que estaban frente a una conducción sindical que por razones ideológicas ponía en riesgo la disciplina fabril (puso el foco en cuestiones como el ausentismo y la caída de la productividad) y amenazaba con extenderse a otros sectores (se refirió a la presencia de comisiones internas de izquierda en la industria metalúrgica por ejemplo). Sin embargo, el movimiento más potente surgió del Gobierno Nacional, que se alineó abiertamente con el sector empleador. Las declaraciones de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, del secretario de Industria José De Mendiguren, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro de Economía, Sergio Massa, fueron coincidentes: la responsabilidad por la falta de acuerdo era de los trabajadores, que percibían “muy buenos sueldos”, que eran una “minoría” y que tenían una “actitud caprichosa”. Massa llegó a amenazar con liberar completamente la importación de neumáticos para debilitar la posición de los trabajadores. Ningún representante oficial sumó una voz discordante que apoyara explícitamente la postura del SUTNA. A su vez, entraron en juego otras representaciones patronales y sindicales que se agruparon en torno a la postura de Fate, Bridgestone y Pirelli. Puntualmente, las terminales automotrices no solo amenazaron con parar la producción por falta de insumos, sino que llegaron a hacerlo como Toyota y Ford. Asimismo, sectores de la CGT con representación en la industria automotriz se reunieron con el Gobierno Nacional para avalar la postura oficial de dar por terminado cuanto antes el conflicto.

La conformación de una alianza entre las empresas del neumático, el Gobierno Nacional, otras empresas estratégicas en la cadena de valor de la industria automotriz y una parte importante de la CGT da cuenta de la existencia de una fuerza social contraria a las pretensiones de los trabajadores del neumático.

Sin embargo, en torno a la postura sindical también se fue conformando una fuerza social que terminaría imponiendo una resistencia exitosa. El acompañamiento de otras fracciones del movimiento obrero fue muy importante. Dentro de la CGT se destacó el apoyo de uno de sus secretarios generales, Pablo Moyano, estratégico por la postura que podría haber asumido el Sindicato de Camioneros en caso de que el conflicto se hubiera profundizado. También brindaron su solidaridad la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en este último caso a pesar de que uno de sus referentes, Pedro Wasiejko (ex Secretario General del SUTNA y actual funcionario oficial) se ubicó en la vereda opuesta. No menor fue el acompañamiento de partidos políticos de izquierda y de organizaciones territoriales, que se sumaron a las movilizaciones al Ministerio de Trabajo. Finalmente, luego de la amenaza de abrir las importaciones el conflicto corrió el riesgo de regionalizarse cuando el Sindicato de trabajadores de Brigdestone de Brasil expresó su solidaridad y amenazó con realizar medidas de fuerza para evitar que su trabajo fuera utilizado para derrotar la huelga de sus pares de Argentina.

En este marco, la disputa en el plano del sentido también jugó un papel central. Mientras que la fuerza social patronal intentaba presentar a los trabajadores como privilegiados y extremistas, la fuerza social de los trabajadores logró instalar que se trataba de un conflicto salarial frente a empresas que acumulan altos niveles de rentabilidad, poniendo el acento también en las condiciones de trabajo (turnos rotativos, sistemas de turnos 6×2 o 7×2, con afectaciones en la salud de los trabajadores) que si bien no estaban en el centro de las reivindicaciones sí forman parte de las posturas enfrentadas entre ambos sectores. Esta posición también habría permeado dentro de una parte no menor del activo militante del Frente de Todos, incluyendo a algunos comunicadores sociales referenciados con el oficialismo a nivel nacional, como Roberto Navarro, que señalaron que si el gobierno no defendía el salario de los trabajadores entonces habría que votar a la izquierda.

El conflicto se generalizó y, en cierto sentido, es posible que se haya transformado en un conflicto testigo, algo que solo sabremos con el transcurso del tiempo. De un lado, empleadores, gobierno y la conducción de la CGT intentaron imponer una derrota que podría haber disciplinado por mucho tiempo la resistencia de los trabajadores del neumático, al tiempo que hubiera sido una señal contundente para el resto de los trabajadores y organizaciones de cara a potenciales conflictos salariales y no salariales; del otro lado, trabajadores y organizaciones de distinta pertenencia institucional que acompañaron un reclamo que forzó a empresas de mucho peso a otorgar un aumento salarial mucho más cercano a las pretensiones iniciales del Sindicato.

El acuerdo firmado entre la representación patronal y el Sindicato incluyó una recomposición del 16% para la paritaria 2021-2022, llevando el incremento total al 66% (contra una inflación del 64% para el ciclo paritario en cuestión), un aumento del 63% para el período julio 2022 – marzo 2023 (del cual el 51% se hace efectivo en el segundo semestre de este año), una cláusula gatillo a partir de marzo de 2023 si la inflación supera el aumento previsto en la paritaria y un 10% por encima de la inflación a partir de julio de 2023. Además, se incluyó un bono por única vez de $ 100.000 y una bonificación extraordinaria a pagar en diciembre de 2022 de $ 34.860. Por el contrario, las empresas se negaron a aceptar el reclamo del pago de un adicional del 200% en las horas trabajadas los fines de semana, lo que seguramente estará en el centro de futuros reclamos sindicales. Aun así, se trata de un acuerdo que garantiza un aumento superior a la inflación para ambos ciclos paritarios y que, de convertirse en un caso testigo, fortalecerá la posición de los trabajadores, no solo de la industria del neumático, sino del resto de las actividades.

Por otra parte, la victoria de los trabajadores también se plasmó en el plano simbólico. La instalación de las condiciones de trabajo en las cuales se lleva adelante la producción, el debate público en torno a los impactos sobre la salud de los trabajadores y la defensa y fortalecimiento de la herramienta gremial, que en un momento se ubicó en la mira de la estrategia patronal, también forman parte de un acumulado que quedará para los conflictos que se expliciten en el futuro cercano.

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