Desde la CTA Autónoma repudiamos enérgicamente el violento desalojo de la comunidad indígena Santa Rosa, Humahuaca, ejecutado con una crueldad pocas veces vista por la policía jujeña y ordenado por el juez Juan Pablo Calderón, quien desoyó por completo los derechos indígenas y agredió brutalmente a cerca de 120 familias.

El operativo involucró a más de un centenar de efectivos que atacaron a golpes y balazos de goma a las familias, arrollando sin distinción a mujeres, niños y ancianos. Estas personas se encontraban defendiendo legítimamente sus hogares, respaldadas por la posesión y el relevamiento territorial de sus tierras, donde habitan pacíficamente desde hace más de cinco generaciones.

Hacemos directamente responsables a las autoridades nacionales por facilitar este intento de despojar a las comunidades de sus derechos al derogar la Ley 26.160 de Emergencia Territorial (mediante el Decreto 1080/24), que suspendía los desalojos. Asimismo, les exigimos el estricto acatamiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT.

Responsabilizamos también al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, por las consecuencias de la ilegal e inconstitucional reforma de la constitución provincial de 2023 y del Código Procesal Penal, normativas diseñadas para legitimar el despojo territorial y criminalizar la protesta social con un Poder Judicial al servicio de los negocios privados.

Finalmente, expresamos nuestra más firme solidaridad con las familias afectadas y ratificamos nuestro compromiso inclaudicable en la lucha por la plena vigencia de los derechos de los pueblos originarios a sus territorios ancestrales.

Miriam Liempe ,Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios.

Adolfo Barja ,Secretario de Derechos Humanos.