La movilización exigió que la Cámara de Diputados apruebe la prórroga de la Ley 26.160, la cual ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y suspende los actos administrativos y judiciales de desalojo de las comunidades preexistentes a la República Argentina.
Además, repudiaron el asesinato de Elías Garay, el joven comunero mapuche de la Lof Quemquemtrew asesinado el último domingo por los disparos de dos supuestos cazadores que ingresaron al territorio de Cuesta del Ternero, el cual se encuentra totalmente cercado por el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro. La comunidad Mapuche asegura que existe una connivencia entre las fuerzas de seguridad y los presuntos sicarios.
El jueves pasado, frente a la debilidad del tratamiento de la ley 26.160 en la Cámara Baja, el Ejecutivo Nacional ordenó mediante un decreto presidencial la prórroga de la Emergencia Territorial Indígena hasta el 23 de noviembre de 2025. Las comunidades originarias se encuentran desde hace varios días en un acampe simbólico frente al Congreso para reclamar lo que es una deuda histórica.
La Ley 26.160 fue sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner y ya se prorrogó en tres ocasiones sin que pueda convertirse en una legislación aprobada por ambas cámaras.
Actualmente hay un universo de 1760 comunidades indígenas identificadas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPyV) del 2001, la Encuesta Complementaria de Pueblos Originarios 2004-2005 arrojó la cantidad de 600.329 habitantes que se adscriben como “descendientes de pueblos originarios”, mientras que, en el censo de 2010, los descendientes de pueblos originarios ascienden a 955.032, registrando un crecimiento del 37,14%. Esta ley que es necesaria para la preservación de nuestras comunidades y sus territorios, ya que actúan como reservorios de la biodiversidad, como el agua, el litio, los minerales y las tierras que son bienes estratégicos y mercancía acechada continuamente por las corporaciones nacionales e internacionales en connivencia con el poder político.
Miriam Liempe, Secretaria de Relaciones con los Pueblos de la CTA Autónoma, presente en la movilización, expresó: «Nosotros veníamos anticipando que la Ley 26.160 era la única herramienta que teníamos para frenar los brutales desalojos a pesar de haber provincias en donde los desalojos y la persecución de nuestros hermanos no cesan. Ahora, la muerte de Elías Garay nos encontró en el acampe frente al Congreso, a dos días del aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, otro joven que es otro mártir de nuestra causa».
“Lamentablemente el DNU no nos alcanza ya que quedamos, una vez más, a merced de que otro decreto futuro invalide nuestros derechos. Necesitamos que el Gobierno Nacional tenga un diálogo directo con nuestras comunidades”, finalizó la dirigenta.
