El conflicto se inició a mediados de julio con medidas de fuerza en respuesta a la falta de diálogo por parte de la empresa frente a demandas de los trabajadores de ATILRA. Tras el intento de desconocer el derecho de huelga, el juez José Ignacio Ramonet, a cargo del conflicto de Lácteos Vidal, ordenó a la empresa la reincorporación de 29 trabajadorxs que habían sido despedidos en el marco de medidas gremiales, bajo la acusación de “abandono de trabajo”. ATILRA denuncia que la resolución aún no se cumplió y ahora, con el apoyo de las centrales obreras, exige la reinstalación.
Mediante el recuso de amicus curiae (amigos de la Corte), letrados de las tres centrales obreras le solicitan al juzgado ser parte de la causa donde de fondo se discute -nada más ni nada menos- que el Derecho de Huelga, consagrado en la Constitución Nacional y en pactos internacionales como el de la OIT.
Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA señalo que, «Esto se da en un contexto donde el ex presidente Macri y sectores de la derecha anuncian una guerra declarada a las organizaciones de trabajadorxs, de reglamentar o directamente prohibir la protesta, con proyectos en ese sentido en Capital, en Córdoba y en varias provincias. Claramente estamos frente a un escenario de represión ante la inminencia de un intento de profundización del ajuste». Meguira también alertó sobre los renovados intentos de impulsar una «reforma laboral para quitar derechos e implementar las iniciativas de des-sindicalización impulsada por el PRO y por un sector importante del empresariado. Esto es parte de una campaña internacional contra el Derecho de Huelga que inicia en el 2012, pretendiendo desconocer los alcances del Convenio 87 de la OIT».
En tanto que en relación al conflicto en Lácteos Vidal, el Dr. Meguira explicó que «surgió por denuncias ante el Ministerio de Trabajo que se hicieron desde 2018 por el incumplimiento de obligaciones del empleador de garantizar la higiene y la seguridad del trabajo, corroborado con inspecciones, a lo que se agregan diferencias salariales por incorrecta aplicación de categorías profesionales y la precarización de muchos trabajadores que eran estables y se los consideraba temporarios. Por lo que se trata de un reclamo legítimo y el ejercicio de un legítimo derecho, como es el de huelga. El discurso que se pretende instalar es que la huelga es una extorsión y por ende puede ser judicializada penalmente. Grave error: la extorsión como delito ya está legislada. Este delito nada tiene que ver con la huelga”.
Para ver el texto completo del recurso: Amicus curiae
