Dirigentes de ATE Santa Cruz y del Sindicato de Petroleros y Gas Privado se reunieron para analizar la situación de los trabajadores de la minería a nivel nacional y provincial. Entre las preocupaciones principales se encuentra la amenaza de cierre de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que pone en peligro centenares de puestos de trabajo y la actividad económica de dos localidades, Río Turbio y 28 de Noviembre.
Por su parte, Luis Flores de ATE Río Turbio, remarcó que el Gobierno “amenaza todo el tiempo a la empresa y a sus trabajadores.”. La reunión tuvo como objetivo “acercar posturas para poder pelear en conjunto por la defensa de los recursos naturales de Santa Cruz. La idea es realizar en mayo un encuentro, un congreso político y local para defender los recursos de la provincia.”, dijo.
El dirigente estatal remarcó también que ambos gremios sufren las políticas del Gobierno nacional, lo que está generando despidos. “Nosotros a través de las gestiones que está haciendo el Gobierno provincial buscamos defender a YCRT, que es un polo energético para la provincia y de la cual dependen dos localidades y unos 40 mil santacruceños, por eso debemos dejar todo para que no haya cierre.”, recalcó Flores, que estuvo acompañado por el Centro de Jubilados de YCRT.
Por su parte, Rafael Güenchenen, Secretario General del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz, destacó que en el encuentro se “analizó la triste situación que se vive en la mina de carbón de Río Turbio, a través de la decisión del Gobierno nacional de achicar el Estado, y no producir en el sector.”. “Vemos YPF totalmente en retirada, y este es un problema, por eso tomamos la decisión de crear una mesa de discusión política sobre el tema energético.”, agregó el dirigente.
Una de las principales propuestas de ATE para el Rio Turbio es la reactivación de la Central Termoeléctrica de 240 megavatios que se encuentra instalada en Río Turbio. Sin embargo, desde el sindicato denunciaron que la intervención del Gobierno nacional en la empresa ha tomado decisiones «arbitrarias y unilaterales» desde Buenos Aires, sin consultar a los trabajadores.
