La Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma y el Departamento de Discapacidad de ATE repudian enérgicamente el accionar de una oficial de la policía metropolitana sobre una persona con discapacidad.
Sucedió cuando un niño con trastorno del espectro autista que viajaba en el metro fue interpelado y maltratado por la policía quien ignoró las advertencias que se le hacían acerca de la condición del niño y mostró una marcada incapacidad para manejar la situación.
Estos niños, sus familias y sus terapeutas hacen enormes esfuerzos para lograr grados crecientes de independencia, por ejemplo, para viajar de manera autónoma en el transporte público. Las consecuencias de un hecho como éste implican retrocesos dolorosos en el tratamiento y la rehabilitación y el agravamiento del estrés y la ansiedad que padecen muchos de los niños con esta condición.
No es posible que el personal de seguridad no pueda evaluar y actuar adecuadamente en situaciones como éstas. Hasta personas comunes presentes en el incidente mostraron una respuesta más adecuada que la oficial de policía.
El hecho revela todo lo que aún hay que recorrer para que las instituciones del Estado dejen de violar los derechos de los ciudadanos. Son demasiados los casos en los que el personal policial recurre a la violencia frente a personas que hablan, se mueven o responden de manera atípica debido a su discapacidad. Hay ignorancia, pero no se trata sólo de ignorancia. Se recurre monótonamente a la represión y la coerción porque falta formación y capacitación en otras perspectivas: de género, de derechos humanos, de discapacidad. No tiene que existir un policía que no pueda distinguir a una persona con discapacidad y que actúe de manera violenta vulnerando su derecho al trasladarse en el servicio público de pasajeros para concurrir a la escuela a un tratamiento, a la casa de algún familiar o a practicar deportes.
El colectivo de las personas con discapacidad lucha desde hace muchos años para acceder a sus derechos: al trabajo, a la educación en todos sus niveles, a la salud, a la recreación, a viajar de manera autónoma y segura en el transporte público de pasajeros. Los obstáculos para la plena integración de las personas con discapacidad no son sólo las barreras arquitectónicas y urbanísticas, también lo son el trato discriminatorio de una parte de la sociedad, del estado y las instituciones.
Exigimos por lo tanto que se tomen urgentes medidas para que la policía metropolitana tenga capacitaciones en perspectiva sobre derechos humanos y de discapacidad. Y que no recurran sólo a la represión ante algo que desconocen por ignorancia, indolencia o discriminación.
