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Opinión

La ministra de seguridad, asumiendo una función legislativa que no le corresponde, intimó a una decena de sindicatos y cinco organizaciones a pagar una suma millonaria porque protestaron contra el DNU70/23. Los acusa de no haber respetado el “Protocolo para el mantenimiento del orden público”. El autor argumenta que la medida es nula de nulidad absoluta insanable, porque viola los artículos 14 y 28 de la Constitución nacional y los pactos internacionales incluidos, porque la libertad de expresión solo puede ser regulada por ley.