Las privatizaciones de las empresas de telecomunicaciones, llevadas a cabo mayormente en la década del ’80 del siglo pasado, fueron decisivas para asegurar que los estados nacionales, no tuvieran control sobre las tecnologías claves que, permitirían la reconversión industrial del sistema capitalista que, se llevó a cabo en el último cuarto de siglo.
En nuestro país, el slogan «a la privatización le seguirá la liberalización», nunca fue cumplido y, asistimos hoy a oligopolios comunicacionales privados que, cada vez más, tienden a concentrarse, estableciendo esquemas monopólicos verticales, con servicios caros y, de irregular calidad.
Los trabajadores entendemos que, se debe recuperar para el Estado nacional los servicios de telecomunicación. Tenemos en la región, el ejemplo claro de Uruguay, donde gracias al histórico referéndum de 1992, el servicio permaneció en manos del estado, con resultados similares y, en muchos casos mejores que los de las empresas privadas, por ejemplo, de nuestro país. Pero además, la Empresa Nacional que se haga cargo de los servicios hoy privatizados, deberá contar con la activa participación de los trabajadores y de los usuarios en su dirección.
Mientras este objetivo, al que los trabajadores no renunciaremos, es alcanzado, bregaremos con todos los medios a nuestro alcance para esta re nacionalización y aportaremos instrumentos jurídicos, como ya lo hemos hecho en proyectos de Ley, para que, el estado recupere el control sobre el desarrollo de las telecomunicaciones. Para este último fin, es necesario que el estado intervenga sobre las telecomunicaciones, como mínimo:
▪ Fijando las estrategias de desarrollo de las redes. El estado tendrá un Plan Estratégico de Referencia al que todos los prestadores deberán adherir de manera mandatoria. Este Plan comprenderá al menos:
– La definición de los mercados de telecomunicaciones.
– Las condiciones de universalidad de los servicios.
– Las condiciones de interconexión y de aprovechamiento de redes.
– La forma de viabilización económica del Plan de manera de maximizar el valor agregado a la economía nacional.
– Las decisiones tecnológicas que permitan aprovechar el poder de compra de los prestadores de servicio para favorecer el desarrollo de una industria nacional de bienes de producción de telecomunicaciones, informática y electrónica.
▪ Decidiendo sobre los recursos esenciales para la prestación de los servicios. Esto implica, decisión sobre la planificación, gestión, conservación y asignación de los recursos esenciales. Estos recursos comprenden:
– El espectro radioeléctrico.
– Los recursos órbita-espectro de las comunicaciones satelitales.
– La numeración, direccionamiento y otros recursos escasos para el desarrollo de las redes públicas de telecomunicaciones.
– La(s) red(es) de transporte esencial(es).
– El suelo, subsuelo, inmuebles y espacio aéreo esenciales.
▪ Estableciendo las Tecnologías Convenientes de producción nacional. Esto se llevará a cabo a partir de la creación de un Observatorio Nacional de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), conformado por representantes del gobierno, las cámaras de las empresas de servicio, las cámaras de las empresas de producción, los centros profesionales y sindicatos afines y las Universidades Nacionales.
▪ Definiendo los distintos mercados, donde en todos y cada uno de ellos deberán concurrir Prestadores de gestión estatal o mixta con mayoría estatal. La definición de un mercado implica la enumeración de al menos las siguientes características:
– Servicios de telecomunicación a prestar.
– Área geográfica donde se prestarán los servicios.
-Tipo de usuarios de los servicios.
– Modo económico – administrativo de prestación.
En todos los mercados, serán obligaciones comunes a todos los prestadores, los valores máximos de las tarifas así como las condiciones de aplicación y uso de la tecnología que forman parte de las pautas para el desarrollo productivo nacional.
▪ Fijando en todos los casos las tarifas máximas de los servicios. Éstas deberán ser justas y razonables, cubrir los costos de una explotación y prestación eficientes, tener en cuenta los costos reales y las diferencias de poder adquisitivo y situación geográfica de los usuarios, considerar una rentabilidad razonable que agregue valor agregado al conjunto de la economía nacional y financiar el desarrollo de las telecomunicaciones.
▪ Regulando la Interconexión de redes de Transporte en forma abierta, la compartición y coubicación de las Redes de Acceso y la Neutralidad de la Red. Todo esto, tenderá a la optimización de los recursos utilizados en la producción de los servicios y, esto deberá traducirse en la consiguiente disminución de los precios a pagar por los usuarios.
Sabemos la dificultad de los estados para controlar y hacer cumplir lo expuesto por lo que deberíamos contemplar la posibilidad de un cambio radical en la legislación estableciendo y teniendo en consideración que:
La existencia de múltiples redes como el mercado promueve solo logra encarecer el servicio por una inversión que se multiplica y que en casi todos los casos lo que hace es encarecer los servicios cohabitados y si su administración y explotación es por parte de privados se produce el fenómeno de monopolio que fija precios y calidad de servicios con el fin de producir rentas desproporcionada y si son varios actores privados muchas veces deriva en la “cartelización” con efectos similares al monopolio. Por ello se debe evitar de la irracional superposición de infraestructura y conformar una única red de propiedad pública.
Por esto el estado debe asumir el Rol de Administrador y Propietario exclusivo de una única red de transporte, tanto terrestre como radioeléctrica, que arrendara a los prestadores de servicios en forma ecuánime. Además, fijara un valor máximo a las ganancias que podrían tener las prestadoras. Fijando también políticas especiales que pudiesen incluir subsidios para cooperativas que ayuden a eliminar la desigualad en el acceso por ubicación territorial realizando una verdadera federalización del servicio.
*Artículo elaborado junto con el equipo de trabajadores/as de las telecomunicaciones de la CTAA.
