El proyecto es un esfuerzo común entre la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA-Autónoma y la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), que es el principal vínculo entre la OIT y el mundo del trabajo a través de uno de sus constituyentes: las organizaciones sindicales. Se comenzó a desarrollar en julio y abarca cuatro bloques geográficos: AMBA, Zona Pampeana, Noroeste y Noreste. El puntapié inicial de esta ambiciosa propuesta fue sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y hoy se pone a disposición el estudio final “La informalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2019-2020). Un análisis en contexto de pandemia”, elaborado por la especialista del Instituto de Estudios y Formación de la (IDEF-CTAA), Sonia Balza.
Hay más de tres millones de personas en esta región, que incluye a la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios bonaerense, que están desprotegidas y de ellas un millón tienen entre 18 y 29 años, señala la investigación. El objetivo es que todos los cuadros sindicales tengan esta información para transformar esta realidad, es decir poner en agenda pública la formalización de este universo desprotegido de derechos.
Ya se realizaron dos talleres virtuales regionales: el 13 y 14 de julio en el AMBA y el 26 y 27 de agosto el NEA. En tanto que el 27 y 28 de septiembre será el turno de la Región Pampeana y el 21 y 22 de octubre del NOA.
En Argentina, al igual que el resto de los países en América Latina, existe una economía informal en crecimiento, tanto en el marco de actividades por cuenta propia, como de relaciones de trabajo difusas como las que se producen en el marco de aplicaciones informáticas, al reciclaje y de otras actividades e incluso en actividades vinculadas a las cadenas globales de suministro, que constituyen grupos vulnerables por la precariedad de las condiciones en que realizan su trabajo, una gran parte de ellos son jóvenes
Tal como se indica en la segunda edición del Observatorio de la OIT, más de 2.000 millones de personas en el mundo trabajan en la economía informal en empleos caracterizados por una falta de protección básica, incluida la cobertura de protección social. Estos trabajadores con frecuencia tienen un acceso limitado a los servicios de atención de la salud y carecen de sustitución de los ingresos en caso de enfermedad o confinamiento. Muchos de ellos no tienen la posibilidad de trabajar a distancia desde sus hogares. Permanecer en casa significa perder su empleo y, sin ingresos, no pueden comer, en ese contexto se afirma que, entre los trabajadores de la economía informal gravemente afectados por la crisis, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: el 42% de los trabajadores en estos sectores son mujeres, frente al 32% de hombres.
La Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo adoptada en 2015 reconoce la alta incidencia de la economía informal como un obstáculo para los derechos fundamentales de los trabajadores, con especial impacto en los déficits de protección social y de trabajo decente. Este fenómeno genera un círculo vicioso de impacto negativo que incide también en las capacidades para lograr un desarrollo inclusivo porque dificulta el impulso a las empresas sostenibles, la captación de ingresos públicos y la consistencia de las políticas económicas, sociales y ambientales.
Desde su nacimiento, la CTA-A, ha sido especialmente permeable a moldear la estructura, forma de organización, afiliación y representación a este contexto en el cual la informalidad es elevada en el país. Igualmente, los cambios en el mercado de trabajo han influido en la informalización del empleo incluso en el marco de empresas y actividades formales con fuerte impacto en las actividades sindicales. Resulta fundamental también analizar y diseñar medidas de prevención desde la perspectiva sindical que contribuyan a la prevención de destrucción de empleos formales y que luego se establecen en el marco de la informalidad, tomando como base las disposiciones de la Recomendación 204, en el marco de las políticas públicas y la adopción de normas dirigidas a la prevención de la informalización
Este proyecto se propone como primer paso para alcanzar ese objetivo, contribuir a la sensibilización, difusión y debate de la Recomendación 204. Adolfo Aguirre, secretario de relaciones internacionales de la CTA-Autónoma, destacó que este proyecto que “busca posicionar a nuestra Central en el sendero del trabajo digno, del trabajo decente y ese objetivo requiere preparación, formación y conocimiento para encontrar soluciones”. Llamó también a “no naturalizar las múltiples formas de contratación que en muchos casos llegan a la explotación laboral y hablamos de millones de personas”, por eso “el rol político sindical de las organizaciones es tratar de escribir una historia con derecho progresivo”.
