La última semana se realizó la reunión del Consejo del Salario para actualizar el Salario, Mínimo, Vital y Móvil. Si bien nadie esperaba que se diera el aumento realmente necesario en el corto plazo, el monto y los tiempos acordados resultan una señal muy preocupante. El 35% de aumento en 7 tramos significa que dentro de 10 meses el salario mínimo ni siquiera va a llegar a cubrir la mitad de la canasta básica en su valor actual que supera los $60 mil.
Una noticia decepcionante porque una de las principales motivaciones de apostar a la elección del Frente de Todxs fue la de recuperar derechos cercenados por el gobierno anterior como programa de mínima, y entre ellos, fundamentalmente, el de mejorar el poder adquisitivo de les trabajadores que supo ser de los más altos de la región. Más aún en el marco de una pandemia que hace urgente sostener con la mayor fortaleza posible al conjunto de las y los trabajadores que vienen castigades por 4 años de macrismo y una inflación que deteriora el salario incesantemente. Y, sobre todo, el apoyo al sector más empobrecido de la clase como lo son quienes acceden a fuentes de trabajo precarizadas, no registradas; o quienes realizan changas y subsisten día a día, prácticamente excluides hasta de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo en el mercado (que en algunos casos son beneficiares del programa Potenciar Trabajo cuyo valor se fija de acuerdo al salario mínimo).
Frente a esta medida nos preguntamos cuáles son los motivos por los que el salario mínimo no puede, en principio, ni hoy ni en un mediano plazo, acercarse a la canasta básica y mucho menos equipararse a la misma. Vale recordar que el art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Al encontrarnos con un “no se puede” es inevitable traer a la reflexión el tan exitoso slogan de nuestros enemigos: “sí se puede”. Resulta desagradable invocar cualquier tipo de recuerdo sobre el gobierno macrista y mucho más si se trata de alguna referencia a su dimensión discursiva. Sin embargo, vale la expresión en este caso para ahondar en un debate necesario que nos permita como campo popular realizar una evaluación y movilizar a la acción.
La enorme distancia entre el salario mínimo y el precio de los bienes y servicios que debería garantizar, es ilustrativa justamente del ‘no-poder´ de la clase trabajadora. La posibilidad de modificar esta realidad injusta y que implica la perdurabilidad de millones de familias (sobre)viviendo angustiosamente, rebuscándoselas para subsistir, reside precisamente en la necesidad y la capacidad que tengamos como clase trabajadora de construir poder. La pregunta entonces es, ¿cómo construimos ese poder?, ¿cuánto poder hace falta? Si nosotres no podemos garantizar las condiciones de vida plena que nos corresponden por derecho, ¿quiénes son les que hoy sí pueden?, ¿quiénes tienen la capacidad de decidir con cuánto tienen que vivir les trabajadores? Y por ende, ¿contra quienes debemos enfrentarnos?
Cuando reflexionamos sobre las relaciones de poder estamos hablando también de actores concretos. En aquella reunión del Consejo del Salario estaban presentes, por ejemplo: Daniel Funes de Rioja, por la Unión Industrial Argentina (UIA), Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), entre las que se encuentran Arcor, AGD, Cargill, Coca Cola, Danone, Ledesma, Pepsico, Mondelez, Nestlé, Unilever. Por mencionar algunos de los casos locales, para noviembre de 2020 Arcor y Ledesma presentaban ganancias por $4400 y $736 millones respectivamente.
También representando a la UIA estuvieron Julio Cordero, gerente de legales de Techint; y Juan Jose Etala, socio fundador de un estudio de la ‘city porteña’. Este último, ex funcionario de la Secretaría de Trabajo en el gobierno macrista (y compañero de colegio del ex presidente), denunciado en su momento por presionar a la Justicia para que ratifique los despidos en la agencia Télam. En el caso de Techint, hay que remontarse tan sólo un año atrás para recordar que, apenas iniciada la cuarentena, el grupo que tiene ingresos anuales por más de 20 mil millones de dólares, pretendía despedir a más de 1400 trabajadores.
Otra representación patronal estuvo a cargo de Carlos Marín por Argencon que nuclea a empresas de la llamada economía del conocimiento: Accenture, American Express, Bagó, Chevron, Exxon Mobil, Globant, IBM, MercadoLibre, Johnson y Johnson, JP Morgan, Microsoft. Dando cuenta de la preocupante ubicación de nuestro país en los primeros lugares del ranking de naciones con mayor predominio del capital extranjero. Haciendo un mínimo repaso de este otro conjunto de empresas, MercadoLibre aparece como la de mayor valor en América Latina (valuada en más de 61 mil millones de dólares), mientras que JP Morgan es uno de los grandes acreedores de la Argentina en la deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri.
Con este breve recuento, a modo de rapidísimo panorama, queremos visibilizar quienes “acuerdan” el salario mínimo con el que deben vivir les trabajadores en nuestro país (nota aparte merecería el rol de las representaciones sindicales que también dieron su apoyo). Es simplemente un bosquejo a grandes trazos, sobre el que es necesario hilar fino, identificar contradicciones y entramados de intereses, articulaciones y otras yerbas, con la intención de poner la discusión sobre la mesa para que no pase como una noticia más. Empresas gigantescas, con ingresos por millones, totalmente alejadas de la realidad cotidiana de nuestras familias, son las que se presentan como interlocutores para definir un salario de miseria para quienes viven de su trabajo.
No aceptamos la resignación de vivir en un mundo tremendamente injusto y violento. Mientras algunos ensanchan sin cesar sus cuentas bancarias, otres cuentan monedas para llegar a fin de mes en el mejor de los casos, comen una sola vez al día o en el presente contexto de pandemia quedan excluides del derecho a la educación por no contar con una computadora y conexión a internet.
El desafío como clase trabajadora entonces es enorme. No quedarse en la resignación o la desesperanza. Ponernos en movimiento para pasar de la posición de ‘no-poder’ a la de ’poder popular’. Uno de los primeros pasos entonces es formarnos en tener claridad sobre cómo funciona, cómo se estructura hoy el sistema capitalista en nuestro país. Algo así como conocer el campo de batalla. También resulta necesario reagrupar nuestra propia fuerza. Multiplicar espacios de encuentro entre los distintos sectores de las y los trabajadores para afianzar lazos de solidaridad, conocer experiencias de autogestión o de organización que puedan replicarse a lo largo y ancho del país y profundizar en la conciencia de que todes somos parte de una misma lucha.
Decía el subcomandante Marcos, que le enseñó el Viejo Antonio, que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar: “Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo”. Esa es la tarea entonces. Crecer en organización, formación, solidaridad, reciprocidad, para romper la hegemonía de los grandes capitales y disputar nuestro derecho a ser felices en una patria libre, justa y soberana.
Por Matías “Tute” Ferro
Bachillerato Popular Salvador Herrera, Puentes de Solidaridad y Lucha – CTAA Capital
Integrante de la Mesa Federal de Juventudes – CTAA Capital
