De un tiempo a esta parte empecé a cuestionarme el valor real de la democracia. En Paraguay, el mismo signo político gobierna desde hace más de setenta años, controlando todas las instituciones del Estado sin excepción. Hubo apenas una breve interrupción en 2008, cuando la Alianza Lugo–PLRA logró la victoria. Sin embargo, aquella experiencia duró menos de lo previsto: a Fernando Lugo lo destituyeron mediante un golpe parlamentario exprés, en lo que se considero el primer caso de lawfare en América Latina.
Desde entonces, la Asociación Nacional Republicana (ANR) ha utilizado a su favor todo el aparato público y privado para apartar a los opositores y garantizarse la administración del poder sin sobresaltos. Mientras escribo estas líneas, la Cámara de Diputados acaba de destituir al Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. No solo era el mejor intendente del país, sino también el candidato con más chances reales de la oposición para disputar la Presidencia y quebrar la hegemonía narcocrática del Paraguay.
La reciente derrota de la izquierda en Bolivia, tras más de dos décadas de hegemonía, volvió a instalar un debate recurrente: la incapacidad de la izquierda latinoamericana para renovar sus liderazgos. A simple vista, ese podría ser el análisis más superficial. Pero la realidad es mucho más profunda.
El mismo debate surgió con Lula, cuando los poderes económicos lograron proscribirlo utilizando a la justicia como herramienta para encarcelarlo. Así aseguraron la victoria de un personaje que nunca hubiese siquiera soñado con pisar el Palácio do Planalto: Jair Bolsonaro. Los medios hegemónicos no cuestionaron la proscripción y prefirieron instalar la idea de que el problema era la incapacidad de generar liderazgos emergentes.
La doble vara con la que los poderes miden el “recambio” y la “democracia” es llamativa. ¿El problema es la falta de liderazgos o la amenaza que representan ciertos líderes para quienes utilizan a los países como herramientas para llenarse los bolsillos? La política no es matemática. Si sumamos los votos nulos de Evo Morales con los de las dos fuerzas del MAS que fueron separadas, no quedan dudas: sin la proscripción, Evo habría sido el indiscutible ganador de las elecciones. Otro caso donde los que no tienen votos, pero sí dinero, logran mover los hilos para llegar al poder por la ventana en nombre de la democracia.
En Argentina ocurre lo mismo. Cristina Fernández de Kirchner, el liderazgo opositor más fuerte frente a Javier Milei, fue proscripta por causas judiciales cuestionables. Cristina sigue siendo la referente central de la oposición, aunque intenten sacarla del juego a fuerza de procesos judiciales y operaciones mediáticas.
¿Qué tienen en común estos liderazgos? Todos impulsaron reformas de redistribución de la riqueza, fortalecieron al Estado frente a los poderes multinacionales y se animaron a plantarse ante los dueños del mundo para poner en valor a sus naciones. Podemos estar de acuerdo o no con sus estilos, pero está claro: ni Evo, ni Lula, ni Cristina son candidatos del poder económico multinacional.
Sin embargo, nadie se rasgó las vestiduras cuando Angela Merkel gobernó 16 años consecutivos en Alemania. Y nadie protesta porque Nayib Bukele modificó la Constitución de El Salvador para habilitar su reelección indefinida. Pareciera que ciertos temas pasan desapercibidos para la “opinión publicada”, dependiendo de a quién beneficien, como suele decir Rafael Correa.
Lo que resulta aún más alarmante es que, de un tiempo a esta parte, los sectores populares que históricamente denunciaban este modelo de democracia comenzaron a defenderlo casi de manera dogmática, como si la alternancia y las reglas del juego fueran sagradas. Es inquietante comprobar cómo, sin darnos cuenta, hemos absorbido el discurso conservador, legitimando un sistema que prioriza la formalidad y los rituales sobre la justicia social y la verdadera representación de las mayorías.
Pareciera que la administración del poder, o el deseo de defender nuestras propias conquistas — que son diametralmente opuestas a los intereses de los poderes económicos — , nos distrajo del camino. ¿En qué momento la historia nos pasó por encima y nos encontramos hoy discutiendo con figuras como Milei o Santiago Abascal la defensa de este modelo democrático del que nunca fuimos parte activa?
Los datos del Latinobarómetro son elocuentes: en América Latina, el 65% de la población se declara insatisfecha con la democracia y un 72% cree que sus países son gobernados por grupos poderosos que actúan en beneficio propio. Esa percepción se refleja en los bajísimos niveles de participación en las últimas elecciones en Argentina.
¿No es acaso más peligroso que élites económicas y mediáticas inventen candidatos a fuerza de billetera, los paseen por todos sus medios, los transformen en showmans, y luego les abran las puertas del Estado para un saqueo fugaz? ¿No es eso mucho más corrosivo que permitir que un candidato con alto apoyo popular pueda ejercer el gobierno a través de elecciones libres?
Para muestra, un botón: en Burkina Faso, África, hoy se está gestando un proceso revolucionario que quedará en la historia. Desde el golpe de Estado de 2022, que llevó al poder a Ibrahim Traoré, un joven militar de 37 años, el país ha experimentado un crecimiento económico notable. Traoré, cuya llegada al poder es duramente criticada por los “demócratas de billetera”, ha nacionalizado recursos antes explotados por empresas extranjeras, impulsado autosuficiencia agrícola, desarrollado infraestructura y promovido producción local para reducir la dependencia externa. Además, ha generado relaciones comerciales con Rusia y China, mientras esquiva los 19 intentos de asesinato vinculados a intereses económicos y políticos de Francia, antigua potencia colonial del país.
Burkina Faso solo alcanzó niveles comparables de prosperidad bajo Thomas Sankara, asesinado en 1987 por los mismos poderes económicos que hoy buscan tumbar a Traoré. Este paralelismo histórico demuestra que cada vez que líderes con visión soberana y transformadora se enfrentan a las élites, el poder económico recurre a la presión y la violencia para mantener el status quo.
Lo que estos ejemplos dejan en evidencia es que la democracia, tal como la conocemos, ha dejado de cumplir su función central: representar y equilibrar los intereses de las mayorías. Cuando el sistema protege a quienes ya tienen poder y limita la participación real, la alternancia se convierte en un ritual y el voto en una ilusión. La democracia formal existe, pero su contenido se vacía de sentido.
Quizás sea momento de asumir que necesitamos pensar más allá de las instituciones tradicionales. Las fórmulas importadas de Occidente no funcionan igual en contextos donde la concentración de riqueza y poder es extrema. Es hora de explorar formas de organización que realmente equilibren la balanza, donde la voz de los ciudadanos valga más que la billetera de unos pocos, y donde la justicia, la economía y el Estado trabajen en función de la sociedad.
Mientras eso no ocurra, la democracia seguirá siendo un teatro de privilegio. Solo cuando el poder deje de estar reservado para quienes pueden pagarlo, el voto y la política volverán a ser instrumentos de emancipación, y no meros escenarios de privilegio.
Antonio Cáceres
