El gobierno de Javier Milei anunció una drástica reducción de aranceles e impuestos internos a productos tecnológicos importados. El plan prevé eliminar en dos etapas los aranceles de importación de celulares: primero bajar del 16% al 8%, y luego llevar a 0% a partir de enero de 2026. A la vez, se recortan a la mitad los impuestos internos para electrónicos importados (de 19% a 9,5%) y se eliminan completamente para los fabricados en Tierra del Fuego.

La justificación oficial es impulsar la competencia y bajar
los precios al consumidor en un 30%, equiparándolos con los de países vecinos. El impacto productivo y laboral en Tierra del Fuego fue inmediato y profundamente negativo. La provincia austral alberga a la industria electrónica nacional gracias a un régimen de promoción vigente desde la decada del 70 que mediante aranceles protegía la producción local de celulares, televisores, aires acondicionados, etc.

Los sindicatos metalúrgicos (UOM) de Río Grande declararon un paro total e indefinido, advirtiendo que la decisión “puede dejar sin trabajo a 6.700 personas”. De hecho, de no revertirse la medida, “a fines del corriente año finalizaría la producción en las industrias metalúrgicas de la provincia”, lo que implicaría el colapso del principal enclave fabril fueguino. El gobierno provincial, insinuando que la medida responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció acciones legales para defender los “derechos adquiridos” de la provincia, coordinando con sindicatos, empresarios e intendentes una estrategia judicial contra la Nación, ante una medida percibida como sentencia de muerte para la industria local.

En efecto, esta rebaja arancelaria representa un quiebre en la política industrial nacional. Supone desmantelar un esquema de sustitución de importaciones que durante
años fomentó empleo y capacidades tecnológicas en Tierra del Fuego, en pos de una supuesta eficiencia de mercado. Abaratar los electrónicos importados a costa de la producción local implica sacrificar soberanía productiva y tejido industrial por una lógica de mercado de corto plazo.

En otras palabras, se privilegia al consumidor individual de clase media (que eventualmentepodrá acceder a dispositivos algo más baratos) por sobre los trabajadores y proveedores nacionales, profundizando un modelo primarizador y dependiente en el sector tecnológico.

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