Los senadores Nacionales José Mayans y Oscar Parrilli recibieron a las y los dirigentes que entregaron el documento, y también una copia que harán llegar a la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner.
Las organizaciones que integran esta confluencia son: Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) – Corriente Clasista y Combativa (CCC) – Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) – Federación de Trabajadores de la Energía de la Argentina (FeTERA) – Pymes para el Desarrollo Nacional – Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) – Manifiesto Argentino – Unidad Popular – Soberanxs – PTP-PCR – Causa Nacional – Partido Comunista – Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) – Grupo Bolivar.
Al finalizar la reunión, Hugo “Cachorro” Godoy Señaló: “Seguimos dejando sentado desde las distintas organizaciones que estamos participando de esta confluencia, es que hay otras alternativas, y que hay voluntad de construir unidad no en torno del posibilismo y la resignación, sino para garantizar las transformaciones que nuestro pueblo votó en el 2019. Si se aprueba esto, se aprueba un plan económico del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno y el ejecutivo se ata las manos, y se subordina a ese esquema”.
Además remarcó: “Estamos convencidos de que hay que definir medidas de gobierno que garanticen una distribución distinta de la riqueza; y un esquema productivo que no quede limitado a la especulación financiera y al sector exportador de las transnacionales, sino que refuerce el mercado interno, y eso requiere una fuerte intervención del Estado que el FMI no quiere. Por eso vamos a seguir haciendo todo lo que haya que hacer en la calle y en todas las instancias de discusiones democráticas del país para echar al Fondo de nuestro país”.
En la misma línea afirmó que: «La demostración de esos límites que impone el acuerdo está en lo que pasó hoy en el marco del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Propusimos un proceso que recupere lo perdido y llevar el SMVyM al mismo nivel de diciembre de 2019, y ni siquiera eso nos atendieron porque el criterio del ministro Guzman con esta política es que el Salario Mínimo no sea el piso de un salario digno de los argentinos, sino que sea el techo de las políticas sociales, limitando el gasto público a costa de las condiciones de vida de la mayor parte de la clase trabajadora que es la que está precarizada en Argentina».
Documento completo:
“Frente al debate parlamentario que hoy se está dando sobre el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, la confluencia de organizaciones que presentamos este conjunto de propuestas entiende que el resultado del mismo no puede ser su aval liso y llano; y menos aún luego del bochornoso dictamen de Diputados que no hace más que borrar el cuerpo del delito que constituye la deuda que tomó Macri con el Fondo. Concretar esto en las condiciones que hasta hoy se conocen significaría que el Gobierno del Frente de Todos, se subordine a los dictados del Organismo multilateral, desoyendo el mandato que recibiera en Diciembre del 2019 de erradicar las propuestas del neoliberalismo de nuestro país.
Lejos de este mandato la estrategia de amigabilidad con el FMI que desarrolló el ministro Guzmán ignorando que la única amigabilidad del organismo es con el cobro de sus acreencias ha terminado en un verdadero fracaso. En primer término, porque en lugar de suspender los pagos mientras se negociaba dilapidó miles de millones de dólares de nuestras reservas esperando un trato preferencial, cosa que no ha ocurrido: ni hubo quita de capital, ni se eliminaron las sobretasas ni se alargaron los plazos. Así mismo, el no haber dimensionado las implicancias geopolíticas que este endeudamiento tiene para Argentina llevo una negociación que debía ser eminentemente política al plano casi financiero.
En efecto las irregularidades en que incurrió el Fondo al otorgar el inusitado préstamo que otorgó a nuestro país durante la gestión macrista y la forma en que escalaban los vencimiento tenían el claro objetivo de someter la soberanía de nuestro país a los intereses geopolíticos de EE.UU, objetivo asociado a la disputa que mantiene con China por la influencia económica en la región. Entregando, de tal forma, cuotas importantes de soberanía en la negociación al tiempo que la política de ajuste llevada adelante en la gestión económica durante el 2021 a fin de allanar el camino en la negociaciones, no solo no rindió los frutos esperados, sino que llevó al Frente de Todos a una derrota electoral, coronando el fracaso al que hacíamos alusión más arriba. En tal sentido sostenemos:
1) -El parlamento no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir la denuncia sobre las irregularidades e ilícitos cometidos por el FMI. El camino que el Gobierno Nacional debería asumir para abordar el problema de la deuda macrista es el de, por un lado, profundizar la investigación a los efectos de establecer la malversación de los fondos recibidos que fueron fugados, ya que no se cumplió el objetivo para el cual había sido destinado el préstamo. Además, a través del levantamiento del secreto financiero y el secreto fiscal, establecer la procedencia de los fondos de aquellos que fugaron y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que por algunas referencias que se conocen habrían cometido delitos de acción pública que deben ser investigados y sancionados. Finalmente, de conformidad con lo que establece el artículo IX, Sección 32 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, y el artículo 65 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, pedir a este tribunal una Opinión Consultiva a los efectos de que se expida sobre la violación de los artículos I, V y VI de su Convenio Constitutivo en que habría incurrido el FMI, cuando efectuó el Stand By, y mientras realizaban los desembolsos.
El efecto, en el ámbito local, la opción de avanzar decididamente con la investigación sobre los fugadores de las divisas suministradas por el FMI permitiría identificar a los funcionarios responsables de la malversación como a sus beneficiarios, para que sean estos los que tengan que afrontar la carga del pago de la deuda en lugar del pueblo argentino. De manera simultánea, la denuncia en el ámbito internacional tendría como efecto la posibilidad de reducir el capital adeudado, es decir, reclamar una quita de la deuda fundada en el incumplimiento por parte del FMI de su propio estatuto. Asociado a esto, la eliminación de sobretasas que se están cobrando por haber accedido a un crédito mayor al permitido, así como también la opción de alargar los plazos.
2) Cercenamiento de la soberanía y cogobierno -Asistimos a una brutal cesión de soberanía por parte del gobierno nacional. No sólo se acepta una misión permanente del FMI en la Argentina, sino que además se someterá a 10 revisiones trimestrales vinculantes que serán las que definan los desembolsos que servirán para afrontar los vencimientos de deuda. La Argentina tiene por delante un total de 37 vencimientos de deuda que la ponen sistemáticamente al borde del default frente al FMI. No puede aceptarse una misión del fondo de estas características, y menos aún que a cuarenta años de Malvinas la misma sea encabezada por un funcionario británico. En tanto el FMI es corresponsable de la crisis de deuda no tiene razón para ejercer ningún tipo de control sobre la política económica de la Argentina.
3) Diferimiento del default y no su resolución -El entendimiento está muy lejos de resolver el default para la Argentina. Lo que hace es postergarlo para dentro de 3 años porque el nuevo stand-by debería comenzar a pagarse a partir de finales del 2026 generando una necesidad adicional de divisas. Se enfrentan vencimientos que escalan, entre el 2022 y el 2024 entre los 7000 a 9000 millones y que entre 2024 al 2027 van desde los USD 9000 a los 22000 millones totales. Si a esto se suma el compromiso de acumular reservas por 15000 millones de la misma moneda en los tres primeros años, está en claro que los saldos comerciales que se necesitan obligan a limitar el crecimiento económico para frenar importaciones. Nadie puede esperar ningún shock de confianza en la Argentina a partir de este diferimiento del default. Todos sabrán que nuestro país volverá discutir la reestructuración de su deuda en el 2026.
4) Ajuste Fiscal -El acuerdo se compromete a realizar continuas reducciones del déficit primario hasta alcanzar el equilibrio primario en 2025 y destinar todo excedente presupuestario a repagar al organismo. A pesar de las intenciones de reducir el resultado fiscal sin ajustar el gasto, el texto no contiene señales certeras de nuevas o mayores fuentes progresivas de ingresos. Por el contrario, lo negociado prevé no continuar con el aporte a las grandes fortunas y planea reducciones de derechos de exportación de algunos sectores como el agronegocio. Tales recursos que no estarán presentes en el corriente año indica que esfuerzo fiscal para alcanzar la meta de achicamiento del déficit será mayor que la admitida por el gobierno: al 2022 se dará una reducción de 1,3 p.p. del PBI, equivalente a casi 6.300 millones de dólares, que considerando el 2023 terminaría con un ajuste fiscal equivalente a los 9.000 millones de dólares.
5) Política monetaria recesiva y contractiva -La dirección que asume la política monetaria es elevar los niveles de las tasas de interés y mantenerlas positivas en términos reales con el consecuente impacto negativo en la actividad productiva. El FMI propone abiertamente retrasar el ritmo de recuperación de la actividad económica argentina, para contener el uso de dólares y servir principalmente a sus intereses y postergar los tiempos de la reparación social. Por privilegiar un enfoque monetario sobre el problema de la inflación, se pone en riesgo transformar el mercado de pesos en un mercado especulativo que, según el diseño propuesto, terminaría de convertir a la política económica en rehén del establishment financiero local.
6) Ajuste inflacionario y regresividad en el esquema de precios relativos -La suba de la tasa de interés, la aceleración del ritmo de devaluación y el aumento de tarifas son tres definiciones que incrementan costos de producción y aceleran el proceso inflacionario. Queda por demás claro que en el plan del FMI no hay intención alguna de bajar la inflación ya que es el mecanismo del ajuste más efectivo para el frente fiscal dado que licúa gasto y mejora la recaudación. Asimismo, queda planteado un esquema de precios relativos fuertemente regresivo de precios, tasa de interés y tarifas altas con salarios, jubilaciones y programas sociales contenidos.
7) Convalidación de la renta petrolera y ajuste de tarifas -La quita de subsidios exigida resulta imposible cumplimentar sin un aumento indiscriminado de tarifas. El núcleo del problema, que no se discute, es el subsidio a la oferta de gas y de petróleo que realiza el Estado al aceptar el precio internacional para la remuneración a las petroleras, valores que exceden los costos reales de extracción y generan una renta extraordinaria para el oligopolio. Cabe destacar que a la luz del conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania y el alza de los precios de los hidrocarburos las proyecciones de reducción de subsidios son imposibles de cumplir.
8) Entre el congelamiento y la profundización de la desigualdad -En materia social se fortalece la siempre fallida focalización de la políticas de transferencia de ingresos; se congela la cobertura de los programas sociales y se descarta la posibilidad de una red de protección económica universal que restituya derechos y apuntale el consumo; se limitan los programas sociales de empleo y apoyo al trabajo autogestionado en pos de la idea (también fallida) sobre la recuperación masiva del empleo formal; se fortalece la presencia de los organismos internacional y bancos de desarrollo en el establecimiento de los lineamientos que definen las políticas sociales; y se evita el aumento del peso de la masa salarial del sector público en el PBI.
9) Se abre la puerta de entrada a las reformas estructurales a partir de los compromisos de revisar el sistema previsional bajo un enfoque flexibilizador y fiscalista.
10) Extractivismo, desarrollo asimétrico y oligopolización -En el marco de prudencia fiscal del acuerdo se conservó un “oasis” de incentivos, exenciones y privilegios impositivos, a los denominados sectores estratégicos, cuya principal función sería la de proveer de dólares frescos a la economía conforme al sesgo marcadamente exportador. Éstos no sólo contarán con la rentabilidad extraordinaria que implica la ultra explotación de la naturaleza, sino que acentuarán la apropiación privada del valor generado, gracias a la privatización casi absoluta de la renta obtenida.
Cabe aclarar que esos sectores ya vienen recibiendo ingentes beneficios año tras año y los resultados no impactan en la generación del empleo ni en la distribución del ingreso.
NUESTRA PROPUESTA -En suma, dadas las deficiencias y limitaciones del camino emprendido hasta aquí por el Gobierno Nacional, proponemos que el Parlamento mandate al Poder Ejecutivo para desarrollar dos ejes de acumulación política que le permitan movilizar la conciencia social y situar en mejores condiciones al país para defender sus intereses. La primera línea de acción es la investigación de las responsabilidades y beneficiarios del proceso de endeudamiento macrista. Esto, más allá de ponerle fin a la impunidad con que los funcionarios de distintas gestiones endeudan al país sin rendir nunca cuentas de sus actos, posibilitaría identificar a los actores que vía la administración de gravámenes impositivos específicos deberán aportar a afrontar los costos que este proceso de endeudamiento nos genere.
La segunda línea implica avanzar en la denuncia en los foros internacionales acerca de las irregularidades e ilícitos cometidos por el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, Argentina tiene todas las posibilidades de plantear una quita de capital que implique solo asumir un monto de crédito equivalente al máximo que su cuota en el FMI le permite. Al constatar que los dólares que recibía nuestro país entraban por una ventanilla y se fugaban por otra, lejos de suspender la asistencia financiera, como establece su normativa, la continuó.
Una negociación que sitúe la discusión en el territorio de la corresponsabilidad entre la gestión Macri y el FMI, implicaría para la Argentina asumir como máximo 23.000 millones de dólares. En este marco, desaparecerían las sobretasas que hoy nos cobran por el excedente de crédito que nos otorgaron violando sus propias reglas. Y a estas definiciones debería agregarse una exigencia de ampliación de los plazos de pago de 10 a 20 años. El proceso de construcción política que supone una estrategia de esta naturaleza permitiría expandir la conciencia social en torno al problema del endeudamiento y haría incluso factible, si fuera necesario, convocar a la ciudadanía para defender la soberanía nacional y el futuro de los argentinos. Por último, una decisión de carácter soberano como la que estamos planteando supone modificar inmediatamente las políticas que a nivel interno se practican sobre el mercado cambiario, el comercio exterior y el sistema financiero.
La acumulación, el cuidado y el manejo preciso de nuestras reservas es indispensable para acompañar una negociación en la que la Argentina pueda hacer valer la legalidad tanto a nivel local como en el plano del derecho internacional. Desandar el camino que nos propone esta ignominiosa negociación es la única alternativa para recuperar un sendero de construcción de Soberanía Popular y Nacional que respete el mandato que recibió el Frente de Todos en el 2019 desterrando la experiencia neoliberal. A fin de sostener esta iniciativa es que adjuntamos este conjunto de propuestas”.