“La policía del Gobierno de la Provincia de Salta sigue en la entrada del Ingenio San Isidro demostrando que sólo cuida los intereses privados”, dijo a ACTA Julio Molina, Secretario General de la CTAA salteña.

“De una vez por todas el Gobierno provincial debería sensibilizarse con una situación tan delicada por la que están atravesando los trabajadores del Ingenio reclamando la indemnización que ya lleva más de 3 años sin cobrar.”, señaló el dirigente desde las puertas del Ingenio.

Molina señala además que los reclamos ya son “de carácter alimentario y el gobernador de la provincia en vez de responder nuestra nota en donde pedíamos una respuesta pacífica, nos responde poniendo la seguridad de la provincia al servicio de una empresa privada”.

Mariano Cuenca, Secretario General del SOEASI, única entidad sindical legal que representa a los trabajadores azucareros de la localidad norteña de Campo Santo, calificó la actitud oficial como “una vergüenza” y agregó que “la complicidad del gobierno provincial  con la patronal explotadora del Ingenio comenzó hace tiempo y para ello usaron como operador de las maniobras  para favorecer a la empresa al ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos, quien también es presidente del PRO salteño”.

El dirigente gremial agregó que “mediante la difusión de mentiras y calumnias contra la dirigencia de nuestra organización sindical e incluso contra el movimiento obrero organizado a nivel nacional, como dicen públicamente los esbirros al servicio de los patrones,  y el despliegue desproporcionado de fuerzas policiales para defender los intereses de un poderoso grupo empresarial privado, el gobierno local mostró su verdadera intención que es gobernar para los ricos en contra de los pobres”.

“Seguimos apostando al diálogo y la negociación franca entre las partes en conflicto, pero la patronal de tinte feudal y sus socios evidentes se niegan a sentarse a hablar con nosotros.”, señaló Cuenca.

En ese marco de inequidad, los sectores aliados de las grandes patronales pretenden no solamente mantener su condición de amos y señores de toda Salta, vulnerando leyes vigentes y derechos ciudadanos como ya lo están haciendo, sino sembrar el terror para doblegar a la población en su conjunto.

Prueba de ello, es que en vez de acercar las partes a través de la cartera de Trabajo para lograr un acuerdo pacífico como corresponde en un Estado democrático, optan por poner el asunto en manos del Coronel Mayor del Ejército Juan Manuel Pulleiro, titular del  Ministerio de Seguridad de la Provincia y abierto y público defensor de las masacres cometidas contra el pueblo en los tiempos de la última dictadura cívico militar.

Finalmente, Mariano Cuenca expresó que “a pesar de estas condiciones de brutalidad manifiesta, ratificamos nuestra decisión de mantener nuestras propuestas de diálogo y al mismo tiempo nuestro plan de lucha para que la justicia social no sea solamente una frase de campaña electoral. El gobierno provincial tiene dos opciones: la paz social o la barbarie”.