«A poco de asumir, las nuevas autoridades de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que reúne a las principales figuras y titulares de algunas de las empresas más poderosas en el país, no tardaron en fijar posición sobre la política económica nacional y expresar sus demandas.

«En este sentido, declaraciones públicas de las flamantes autoridades de los dueños del capital como Jaime Campos, Luis Pagani, Paolo Rocca y Héctor Magneto, entre otros, han insistido en reiterar sus críticas acerca de que la injerencia del Estado ‘no contribuye a generar la confianza necesaria para el desarrollo’ y que, desde ese posicionamiento el gobierno ‘debería ir a una reducción gradual del Estado en el peso de la economía’.

«Desde la Central Autónoma rechazamos por completo estos conceptos, inspirados en la vieja ortodoxia neoliberal que nos llevó a la actual crisis económica y social. Este paradigma solo asigna al Estado el rol de gendarme frente a los reclamos de los trabajadores y aspira a que se les garantice protección para sus negocios de ‘libre mercado’.

«AEA nada dice del valor de tener un Estado presente en Pandemia, cuando tuvo que cuidar la salud, el empleo y sostener a las empresas. Fue la intervención del Estado con, por ejemplo, el IFE, ATP, subsidios y créditos, lo que permitió atravesar los momentos más duros que de la historia de la Argentina y la humanidad. Mientras que, por el contrario, algunas empresas como Techint despedían a 1.400 trabajadores y sus titulares se negaban a pagar la Contribución Solidaria por Única Vez.

«Por todo esto es que la CTAA insiste en que necesitamos un  Estado más activo, democratizado, que sea el organizador de la vida económica del país, con soberanía, producción y trabajo. En momentos en que es posible ver un horizonte de crecimiento económico, es necesario que las patronales respeten los derechos laborales y que de ningún modo puedan avanzar con las manos libres para despidos y extorsiones.

«Ratificamos nuestro compromiso en defensa de derechos, la estabilidad en el empleo y la  prohibición de despidos, la participación en las ganancias de las empresas y de todas las conquistas democráticas que la constitución nos reconoce, de manera de terminar con la extrema desigualdad y la pobreza que existe en nuestro país.»

Ricardo Peidro, Secretario General.

Claudia Baigorria, Secretaria General Adjunta.

Hugo Godoy, Secretario General Adjunto.