La jueza Daniela Zágari condenó a tres personas que ocuparon un terreno sobre la Ruta 3 en Viedma, en un fallo polémico que además de violar el principio de legalidad se tiñe su imparcialidad, porque Zágari es parte de un desarrollo inmobiliario a escasos metros de los hechos juzgados.
Para la CTA Autónoma, la Justicia debiera apartar a Zágari de la causa e impugnar el fallo que condena a una de las personas a un año de prisión efectiva: una pena abusiva y pocas veces vista para un ciudadano que reclama acceso a la tierra.
“Nosotros también hemos sido víctimas del Poder Judicial que se comporta como una casta: opera políticamente con el lawfare y defiende sus privilegios con fallos como el de esta magistrada.”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma.
Para Aguiar, la sentencia de Zágari tiene graves inconsistencias técnicas que violan el principio de legalidad, como por ejemplo la recolección de testimonios a partir sólo del relato de fuentes policiales y judiciales.
Además, Zágari y sus hermanos son titulares de un emprendimiento inmobiliario a menos de 500 metros del lugar donde juzga los hechos.
“¿Es legítimo que una jueza que ve afectado su desarrollo inmobiliario por una supuesta ocupación de tierra sea quien juzgue a los supuestos ocupantes?”, señaló Aguiar. “Creemos que no, y esto constituye una violación al principio de imparcialidad.”, agregó el dirigente.
Cabe recordar, que Zágari fue sancionada en diciembre con 50 días sin goce de sueldo por mal desempeño en su función como fiscal en la investigación del crimen impune de Atahualpa Martínez Vinaya en 2008.
