Del panel sobre libertad y democracia sindical participaron los laboralistas Hector Recalde, Gustavo Ciampa, Horacio Meguira y Verónica Quinteros, Director de la Asesoría Jurídica y Abogada de nuestra Central respectivamente, miembros del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales que se constituyó en el año 2018 para la defensa del ejercicio de los derechos de las/los trabajadores  de faz colectiva e individual contra la injerencia del gobierno.

Los expositores hicieron una breve síntesis del reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico del derecho de huelga y señalaron la tendencia tanto en el plano internacional como nacional a desconocer la titularidad de este  derecho a las/los delegadxs sindicales en la representación de las y los trabajadores.

Hicieron mención a la campaña de deslegitimación contra los sindicatos y los representantes sindicales para neutralizar los reclamos y el ejercicio de sus derechos constitucionales de huelga y demás medidas de acción directa como expresión del ejercicio de un derecho fundamental y la falta de garantías del ejercicio de la libertad sindical y no de acciones que deban ser encuadradas en el derecho penal y sus representantes sindicales sean sometidos a proceso penal ni privados de su libertad.

Señalaron que los conflictos laborales deben ser solucionados por derecho del trabajo y los poderes competentes en la materia tales como el Ministerio de Trabajo y/o el poder judicial en materia laboral dado que la habilitación de poder punitivo debe quedar también restringido allí cuando existen otros medios con menor entidad lesiva a la hora de solucionar el conflicto; siempre teniendo en consideración la potencialidad aflictiva y conflictiva inherente al sistema penal en general, y al castigo penal en particular.

Destacaron que la  Resolución A/RES/53/144 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas que contiene la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos  estableciendo una doble tutela para los defensores y para las personas que estos defienden y es por ello que es un deber de todos los poderes del Estado asegurar la intangibilidad del defensor para así proteger a sus defendidos, en este caso trabajadoras y trabajadores que han sido vulnerados en sus derechos.