Los programas del FMI no tienen por objetivo recuperar condiciones virtuosas de desarrollo económico, sino que se generen excedentes para pagar esa deuda por lo que queda en claro que el Estado deberá impulsar un ajuste importante, ceder soberanía en materia de políticas fiscales monetarias y financieras. Las propias declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán afirmando que se ha conseguido el mejor acuerdo que se podía conseguir, evitando dar un salto al vacío, no hacen más que adelantar la apertura de un trayecto de ajustes y condicionamientos para nuestro país.

De hecho, sin estar redactados los memorandos de entendimiento que perfeccionarían el acuerdo, tal como reconoció el propio ministro, Argentina desembolsará 1100 millones de dólares entre hoy y el próximo martes llevando las reservas líquidas del BCRA a un piso realmente peligroso.

Dados los anuncios efectuados hoy, Argentina entra en un sendero de ajuste para llegar al déficit cero en el 2025 (recordar que ante los gobernadores el Guzmán decía que esa meta era inalcanzable). Este sendero de ajuste profundizará el que ya llevaba adelante la ejecución presupuestaria antes del acuerdo. Vale recordar que en el ejercicio 2021 fue notorio el deterioro de las prestaciones sociales, las trasferencias a Provincias y Universidades entre otros.

Asimismo, se asume como compromiso una férrea limitación a la soberanía monetaria ya que nuestro país se compromete no solo a limitar la emisión monetaria sino la posibilidad de que el BCRA financie al tesoro resignando grados importantes de soberanía. En palabras del ministro se acordó una “gradual pero decidida reducción del financiamiento del BCRA”.

El programa que se discute a lo largo de dos años y medios y mediante 10 revisiones trimestrales contendría los desembolsos necesarios para que Argentina pague el stand by de la administración anterior (incluyendo el capital ya pagado). Siempre y cuando se cumplan las metas acordadas. Asimismo, a estas revisiones se debe agregar la cláusula de consulta explicada ante los gobernadores del FDT, por la cual se asume el compromiso de consultar al FMI antes de tomar determinadas políticas.

La devolución se hará mediante un crédito de facilidades extendidas a 10 años a partir del primer desembolso y con cuatro de gracia, las condiciones de devolución no están explicitadas y serán parte de los documentos que faltan redactar.

En definitiva, de pasar a denunciar al FMI y a la Administración anterior Argentina opta por el camino de refinanciar un préstamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y resignando soberanía.

Firman el comunicado:

• Ricardo Peidro, Secretario General.
• Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta.
• Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario Adjunto.