El envío de parte del Poder Ejecutivo Nacional, de un proyecto de Comités Mixtos de Salud y Seguridad Laboral, es en esencia una muy buena noticia, teniendo en cuenta que no es posible hacer prevención con eficacia sin la participación real de las personas trabajadoras organizada. Esto se enmarca dentro de la reciente declaración de la OIT que la añade como derecho y principio fundamental para la Salud y Seguridad en el Trabajo.
Según datos de la OIT, los accidentes y enfermedades de origen laboral tienen a nivel mundial un costo anual promedio del 4% del PBI, pero ese número es un promedio entre los países que hacen prevención y los que no. En estas últimas estimaciones hechas en el documento “La seguridad en cifras” (OIT), se sostiene que las pérdidas llegan al 10% del PBI, no estando Argentina entre los peores ni mejores casos, pero sí por encima del promedio en el cálculo de pérdidas.
Ramiro Fernández, Secretario de Salud, Seguridad y Ambiente de Foetra y de la Mesa Nacional de la CTA Autónoma, dijo, “Estamos con Beto Galeano y Magalí Arocena, como parte de la Central, saludamos el tratamiento de este proyecto, tenemos que sacar uno en común para los y las trabajadoras de este país. Decimos que no es posible hacer prevención con eficacia sin la participación de los y las trabajadoras”.
Por su parte, Magalí Arocena, Directora de Capacitación de ISSTATE, agregó: “Estamos tratando de construir la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros y nosotras sabemos lo que pasa en los lugares de trabajo, necesitamos participar y que nos escuchen, tenemos muchas cosas para decir, la idea es crear estrategias preventivas en conjunto”.
Capítulo aparte merece lo que sucede con las enfermedades de origen laboral en nuestro país, donde según el Sistema de Riesgos del Trabajo, las mismas representan solo el 3,5% de los eventos denunciados, contrario a los porcentuales que indica la OIT, sosteniendo que en el promedio mundial solo el 14% de las muertes en el trabajo son debidas a accidentes y que el resto (86%) son debidas a enfermedades de origen laboral. Estos datos indican que más que un subregistro, lo que existe de parte del sistema es un ocultamiento liso y llano de las enfermedades vinculadas al trabajo.
“Nada puede hacerse sin clase trabajadora organizada conscientemente, teniendo como bien supremo el cuidado de la salud y la vida, y este instrumento debe contribuir para el ejercicio de nuestros derechos como clase trabajadora”, destacaron Galeano, Arocena y Fernández, en un documento firmado también por Francisco Benegas y Diego Seimandi.
