Miles de personas de manera independiente y también organizadas en distintas asambleas, colectivos, frentes y organizaciones, llegaron -durante la tarde del sábado 30 de octubre- hasta la Legislatura porteña para manifestarse contra las políticas de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que benefician el negocio y la especulación inmobiliaria a costa del patrimonio público, la diversidad, la habitabilidad y calidad de vida de las y los porteños.
Franco Armando, Secretario de Organización de la CTAA Capital y referente del Frente de Organizaciones Salvador Herrera (FOSH-CTAA), aseguró que “es necesario y urgente aglutinar todas la luchas ciudadanas en torno a esta unidad de acción para terminar de una buena vez y para siempre con el saqueo del patrimonio de todos los porteños y las porteñas y evidenciar que la matriz del gobierno tanto de Larreta como el de Macri desde hace 13 años, solo responde a los intereses del negocio inmobiliario”.
“Esta lucha, que se vienen dando desde la base social de nuestra ciudad, es la punta de lanza para la constitución de un gran movimiento ciudadano que pelee por el derecho a vivir en la ciudad que elegimos.”, apunto Armando.
Ante los avances del poder económico, con la venia del Gobierno de la Ciudad que pone en peligro más de 150 edificios históricos y enajena espacios verdes para desarrollos del complejo financiero-inmobiliario, las organizaciones se reunieron para poner en común y ante la opinión pública, todas las necesidades y propuestas en torno a la planificación urbana que necesitan las y los vecinos de la ciudad y sus reclamos ante el ejecutivo porteño que generalmente son ignorados por las autoridades.
Por su parte, María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e investigadora del IPYPP, señaló que “Estamos ante un modelo de ciudad basado en el despojo y la apropiación de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros bienes comunes que arranca en la década del 90 y se consolida primero con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno y ahora con Horacio Rodríguez Larreta como su continuador y no ha dado respuesta a ninguno de los problemas que tenemos las porteñas y los porteños. Hechos que se reflejan en datos como que en los años ’90 solo el 10 por ciento de las familias alquilaba, hoy son más del 40 por ciento, en que tenemos una de las ciudades con menos superficie verde por habitante, y donde 1 de cada 7 habitantes no tiene servicios de agua potable de red y cloacas”.
“En el distrito más rico de nuestro país y una de las ciudades con mayor presupuesto per cápita de la región, solo aumenta la pobreza y la precariedad. Por eso tratamos de juntarnos y de pensar integralmente la ciudad, de poner en discusión un modelo urbano completamente distinto al que nos propone el poder económico en connivencia con el poder político. Un modelo tiene que ver con la democracia participativa ambiental y con poder ser protagonistas de la ciudad que queremos vivir”, finalizó Koutsovitis.
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Defensoría de Laburantes, aseguró que “Actualmente la comunidad porteña está resistiendo a cuatro agresiones en la dimensión urbanística y de planificación por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y del poder inmobiliario concentrado. La disputa por el contorno ribereño y el destino que deberían tener la Costanera Norte y Sur; la planificación de la Ciudad a través de excepciones o Convenios urbanísticos, que habilitan la construcción de torres de entre 50 y 85 metros; la amenaza que avanza contra la identidad de nuestros barrios de casas bajas y los llena de edificios de pequeños departamentos; y la falta de relevamiento de los inmuebles anteriores a 1941 que agrava las situaciones descriptas”.
Cada uno de las y los representantes de las organizaciones que fueron tomando la palabra coincidieron en la necesidad indispensable de que la participación ciudadana sea cada vez mayor y más comprometida, ya que el gobierno porteño tiene preparados 40 convenios más para continuar demoliendo y enajenando patrimonio público, ya sean edificaciones históricas o terrenos que podrían destinarse a espacios verdes. Al tiempo que permite la avanzada inmobiliaria sin planificación alguna en cuanto a la atención de la salud, la educación y los espacios públicos necesarios para ejercer derechos tan básicos como la recreación y el esparcimiento.
