En el contexto actual, nos encontramos frente a una ofensiva que combina dos movimientos convergentes: la intensificación del ‘backlash’ judicial y el proyecto de Ley sobre “Falsas Denuncias”. Ambos comparten un mismo objetivo, silenciar las voces de las víctimas de violencia, disciplinar a las y los profesionales que sostienen y avalan la prueba en los procesos judiciales y perpetuar el ejercicio de las violencias de género. Desde la Federación Judicial Argentina (FJA) no nos mantenemos al margen y nos pronunciamos al respecto.

Las falsas denuncias: un mito que busca disciplinar

Según ONU Mujeres, las denuncias falsas representan menos del 1% de las denuncias realizadas. Sin embargo, este proyecto de ley pretende instalar la idea que se trata de una práctica generalizada invisibilizando que todos los días se tramitan miles de causas reales de violencia de género y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que no se dan a conocer públicamente.

Este discurso se viene instalando desde hace tiempo en los medios de comunicación haciendo base para que este proyecto de ley encuentre un falso sustento. La obsesión por instalar la idea de las “falsas denuncias” funciona a la vez como estrategia de descrédito, desplaza el foco de la necesidad de protección sobre las víctimas hacia la sospecha hacia ellas y convierte a las y los profesionales en blanco de persecución.

El backlash judicial: amedrentamiento y disciplinamiento

El backlash se expresa a través de diferentes formas siendo las principales las denuncias infundadas contra profesionales que trabajan en violencia, principalmente profesionales de Psicología y Trabajo Social; exposiciones y difamaciones en medios y redes sociales; recortes intencionales de pericias y/o expresiones fuera de contexto que generan confusión y mala información en la opinión pública; descalificación de marcos teóricos y metodologías disciplinares cuestionadas desde el desconocimiento específico, revinculaciones forzadas que exponen a niños/as y adolescentes a riesgos, ataques a adultas y adultos protectores, opiniones descalificatorias sin análisis de contexto.

Se exige una supuesta “neutralidad” que resulta imposible, que pretende que las y los peritos sean robots asépticos, alejados de todo contexto, negando la ética del cuidado, la escucha sensible y el sentido disciplinar.

Este movimiento golpea en el corazón de las disciplinas psicosociales, es decir, en la construcción de confianza con niños/as y adolescentes que se encuentran dañados y desconfiados del mundo adulto, en el respeto por la subjetividad y el acompañamiento cuidadoso. Negar estos pilares es negar la posibilidad misma de reparación de daño.

La realidad que se busca ocultar

Todos los días hay mujeres, niños, niñas y adolescentes violentados, abusados y asesinados cuyas historias de vida no salen a diario en los medios masivos de comunicación. Todos los días llegan personas que piden atención, acompañamiento y acceso a la justicia notándose un incremento exponencial en los últimos años.

Ante ello, la respuesta del Estado Nacional es negacionista de esta realidad y por consecuencia sus políticas son tendientes a desfinanciar la protección, vaciar los programas estatales de atención, disminuir las plantas profesionales, sin mejoras en salarios, alejando a las y los profesionales más capacitados y sin garantizar el cuidado necesario para quienes sostienen prácticas éticas en condiciones de precarización y desgaste.

De forma contraria a lo que se intenta instalar, el delito de falsa denuncia ya se encuentra contemplado en el Código Penal Argentino y cuenta con condena estipulada, es decir, que ese 1% que ONU Mujeres refiere ya tuvo valorado su testimonio, con las consecuencias legales previstas.

En este marco, queda clara la intencionalidad actual de condenar la supuesta denuncia falsa “en violencia de género” con especificidad que resulta redundante con el Código actual, una redundancia que aparece en materia de género, pero no sobre otras temáticas. Una intencionalidad enfocada en que las víctimas no denuncien por temor a no poder demostrar lo que denuncian y amedrentar a las y los profesionales que realizan pericias y a quienes realizan asistencia en situaciones de violencias, vaciando los recursos de la actividad privada también.

Por lo cual llamamos a:

• Rechazar el proyecto de “falsas denuncias” por su carácter regresivo y disciplinador, contrario al espíritu protector de la ley que insta a denunciar la sospecha para su investigación correspondiente.
• Reconocer que las denuncias falsas son mínimas frente a la magnitud del problema real de las violencias por razones de género.
• Proteger a las y los profesionales que sostienen prácticas éticas y avalan la prueba en los procesos judiciales, así como garantizar la capacitación permanente y la supervisión de sus prácticas.
• Aumentar las plantas profesionales, mejorar los salarios y las condiciones laborales.

Por eso, desde la FJA sostenemos que silenciar a las víctimas y perseguir a lxs profesionales no es justicia, es complicidad con la violencia.

¡NO al proyecto de falsas denuncias y al avance del backlash!