En el día de ayer, los trabajadores del Hospital Larcade de San Miguel habían convocado a una asamblea para discutir la grave crisis producida luego de cuatro meses del conflicto irresuelto con el municipio que dirige Jaime Méndez (JxC) y la renuncia de más de 50 médicos de los servicios de Clínica y Cardiología que dejaba al Hospital prácticamente sin capacidad operativa.
En la semana se fueron produciendo progresivamente las renuncias y el personal de las residencias estuvo abocado a encontrar nuevos destinos. Sin embargo, la voluntad de los trabajadores de seguir reclamando por aumento salarial y desprecarización laboral se mantuvo convocando a la asamblea del día jueves.
En la misma se hicieron presentes Guillermo Pacagnini y Pablo Maciel, miembros del Consejo Directivo de CICOP y la policial municipal en un operativo desproporcionado rodeó las puertas del hospital y de la guardia e impidió el ingreso de los dirigentes del gremio de los profesionales de la salud bonaerense en abierta violación de la libertad sindical y las libertades democráticas.
La Asociación de Trabajadores Unidos responsabiliza a Gladis Amantia y Facundo Caiña, directores ejecutivo y administrativo respectivamente, por la convocatoria a las fuerzas represivas.
En días pasados, tal como lo hiciéramos público, un conjunto de organizaciones de las que forma parte la FeSProSa, había pedido al gobernador Kicillof la urgente intervención del área de Salud del Municipio de San Miguel de manera de encontrar vías de diálogo para garantizar la continuidad de las prestaciones en el Hospital Larcade, el principal efector público para los 300 mil habitantes del partido de San Miguel y zonas vecinas.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud de la Provincia ni la gobernación contestaron a esa misiva.
La FeSProSa y todas sus regionales reiteran la solidaridad incondicional con los trabajadores del Hospital Larcade de San Miguel, enfatizan en que la solución no es la policía sino el diálogo social para poder dar satisfacción a las justas reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo del personal del Hospital. Insta además al Municipio, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a la gobernación y al Ministerio de Salud de la Nación a que se involucren activamente en el conflicto para salvar al principal efector público de salud del noroeste bonaerense.
