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“El Estado ecuatoriano ha cometido delitos de lesa humanidad”

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en Ecuador denunció en su informe preliminar seis homicidios, 150 detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la represión de la protesta social en el marco del Paro Nacional .
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Ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos desde el inicio del Paro Nacional el 12 de junio, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, de la que participa la CTA Autónoma, fue invitada por la Alianza por los DD.HH., distintas organizaciones del movimiento indígena, organizaciones sociales y espacios sindicales con el objetivo de constatar in situ las vulneraciones denunciadas.

Entre el 25 y el 27 de junio, la misión humanitaria argentina recabó testimonios y realizó entrevistas en la zona céntrica de Quito, principalmente La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque del Arbolito; también en las parroquias San Antonio de Pichincha, Tarqui, Limoncocha, Molleturo y Loja; en las localidades de Cuenca, Santa Clara de Millán, San Vicente de Quito, Tola Grande del Valle de Tumbaco y La Togla; y en el Hospital Metropolitano.

El “Informe preliminar de violación de Derechos Humanos en Ecuador en el marco del Paro Nacional 2022” fue presentado este jueves en conferencia de prensa. Éste señala que “de los numerosos testimonios y denuncias recibidas y de las pruebas recolectadas y aportadas por distintas plataformas de derechos humanos y organizaciones indígenas y/o sociales podemos dar cuenta de más de 150 detenciones arbitrarias, seis homicidios, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Existen testimonios que dan cuenta de amenazas a las víctimas para evitar que realicen denuncias”.

“Los testimonios recogidos son desgarradores. Todos coinciden en destacar la violencia represiva desplegada y el ataque masivo sobre la población civil indefensa. Las fuerzas de seguridad actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión. Cumpliendo órdenes directas del Poder Ejecutivo, desplegaron intervenciones abusivas, excesivas y desproporcionadas, provocando graves lesiones, en algunos casos letales”, señala uno de los párrafos del informe.

La Misión expresó además su preocupación por las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, quien habló este domingo en cadena nacional ratificando su intención de criminalización y judicialización de la protesta social y la continuidad de la policía y las Fuerzas Armadas en las calles “mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden”.

María José Cano, Directora del Departamento de Derechos de Los Pueblos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA), e integrante de la misión argentina en Ecuador, remarcó que “no hay límites en el uso de la fuerza ante manifestantes que reclaman pacíficamente vivir de manera digna y no hay garantías para ejercer el derecho a la protesta”. Y añadió: “Se observa un plan sistemático para impedir la protesta y ejercer el derecho a la resistencia como establece la constitución en Ecuador, siendo el mecanismo y la única respuesta estatal en el marco del paro nacional”.

Además, el informe, de carácter preliminar, arriba a las siguientes conclusiones:

  • “El Estado ECUATORIANO ha cometido delitos de lesa humanidad.
  • “El Estado ECUATORIANO debe cesar, de inmediato, en la comisión de los crímenes de lesa humanidad y acabar con las prácticas impropias de un Estado de derecho.
  • “Las autoridades competentes del Estado ECUATORIANO deben investigar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos. Deben cesar, de inmediato, con las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social

.● “El Estado ECUATORIANO debe ser investigado, en las instancias internacionales pertinentes, porque, en el marco del PARO NACIONAL y, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, habría asesinado, torturado, lesionado la integridad física, perseguido, amenazado, intimidado y criminalizado a importantes sectores de la población civil. La criminalización y represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.

  • “El Estado ECUATORIANO debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas prohibidas (solamente inscriptas en la lógica bélica), disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal, ejecutando conductas brutales e inhumanas.
  • “El pueblo ECUATORIANO tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”.

Cabe recordar que el 24 de mayo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) hicieron público un listado de 10 reivindicaciones que el movimiento dio a conocer a la sociedad y elevó al Poder Ejecutivo, luego de un año de tratativas infructuosas para lograrlo. Esto motivó el anuncio de un paro nacional por tiempo indefinido. Exigen: la reducción y no más el aumento del precio de los combustibles; alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero; precios justos en los productos del campo; empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía; moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales; respeto a los 21 derechos colectivos; alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as; políticas de control de precios y a la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad; salud y educación; seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, y narcotráfico.

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