«En marzo de Javier Milei dio por finalizado el Programa Volver al Trabajo y a partir de entonces casi un millón de trabajadores y trabajadoras dejarán de percibir $ 78.000 mensuales. De esta manera, se termina de desarticular una política de sostenimiento de ingresos destinada a aquellas personas que están insertas en el mercado laboral por fuera de los canales formales tradicionales, cuyo origen se remonta por lo menos a una década atrás», señala el IEF en el inicio del informe.
Luego se destaca que el origen de este ingreso de las familias está en «las luchas para promover la creación de este tipo de políticas han estado presentes en Argentina desde los años 90, al calor de la consolidación estructural de un mercado laboral que está lejos de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, y en el que una parte cada vez más importante se vincula a través de relaciones que poco tienen que ver con el trabajo asalariado en relación de dependencia».
Entre otros antecedentes «pueden citarse el Plan Trabajar de los años 90, el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados a comienzos de los 2000, el Programa de Empleo Comunitario, la Asignación Universal por Hijo y las moratorias previsionales, entre otros. La experiencia del Frente Nacional contra la Pobreza y las demandas por la creación de un Seguro de Empleo y Formación se enmarcan dentro de este proceso, donde los reclamos de las organizaciones del campo popular ocuparon un lugar central».
En la misma línea, el paper recuerda que «la experiencia más reciente fue la creación del Salario Social Complementario en el año 2017 y su posterior vinculación con el plan Potenciar Trabajo a comienzos del año 2020. En líneas generales, esta figura garantizaba que sus destinatarios percibieran una suma equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y llegó a cubrir a aproximadamente un millón y medio de personas».
También se advierte que desde la llegada al gobierno de Javier Milei, desde el Ministerio de Capital Humano se impulso «en primer lugar, buscaron reducir la cantidad de personas beneficiarias; en segundo lugar, desvincularon al Salario Social Complementario de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil y congelaron el monto; finalmente, sustituyeron el Programa de Inclusión Laboral (sucesor del Potenciar Trabajo) por dos nuevos programas, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social».
En cuanto a los datos, destaca: «Entre los años 2023 y 2025 el panorama general es de contracción masiva: la partida de Asistencia Social se redujo un 77% en términos reales, el Potenciar Trabajo —donde el 65% de las y los titulares eran mujeres— registró un recorte real del 96%, mientras que el Monotributo Social, integrado en más de un 60% por mujeres, cayó un 81%. También se ajustaron prestaciones altamente feminizadas, como la pensión para madres de siete hijos (-31%). A esto se sumaron recortes estructurales en Vivienda y Urbanismo (-98%), Educación (-57,7%) y Agua y Alcantarillado (-93%), desarmando soportes materiales que hacían viable la reproducción cotidiana y recargando de manera desproporcionada sobre mujeres y hogares populares. Incluso en aquellos casos donde hubo recomposiciones parciales, como la AUH (con un aumento real del 45%) o la prestación Alimentar, el atraso frente a la inflación licuó su poder de sostén, con una pérdida real del 12% desde mediados de 2024».
Ver informe completo: https://ctaa.org.ar/wp-content/uploads/2026/04/El-cierre-del-programa-Volver-al-Trabajo-y-su-impacto-sobre-los-trabajadores-y-trabajadoras.pdf
