Desde el inicio de su gestión uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei fue controlar y obstaculizar la acción de las organizaciones sindicales. Se trata de una estrategia de desarme que incluyó la represión física, la persecución vía denuncias públicas, sanciones económicas e intervención en la vida de los sindicatos sumado a modificaciones normativas.

El primer ataque se plasmó en el DNU 70/23, que motivó la primera huelga general en enero de 2024. La resistencia contra el capítulo laboral de esta norma fue relativamente exitosa y actualmente su aplicación se encuentra suspendida por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Meses más tarde el Congreso Nacional aprobó la Ley Bases (nº 27.742) que retomó algunos de los aspectos que, en materia laboral, se habían incluido en el DNU 70/23. Esta ofensiva se profundizó con la Ley de Reforma Laboral (nº 27.802) y sus decretos reglamentarios. Si bien no es la primera vez que el movimiento obrero enfrenta a un gobierno alineado con los intereses empresariales, el actual contexto de alta informalidad y precarización laboral profundiza su posición de debilidad.

La reforma laboral se inscribe así en un plan de desarticulación del poder sindical que, en un escenario de empobrecimiento de la clase trabajadora, fortalece a los empleadores y busca debilitar a los gremios para inducirlos a negociar a la baja, erosionando progresivamente la negociación colectiva por rama de actividad y la organización.

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