A ello hay que agregar la depredación de la naturaleza impulsada por las corporaciones agroalimentarias y por la minería a gran escala  llevada adelante sin control alguno.

Y como consecuencia de ese contexto de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pauperización de las condiciones de vida de los sectores sociales, y la crisis ambiental, aparece el hambre como productor de discapacidad.

Lo que da cuenta que los modelos de acumulación que llevan adelante las naciones, tienen relación directa con la reproducción de discapacidad, y también con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, en especial en lo que refiere al desarrollo de sus proyectos de vida en condiciones de igualdad.

En ese contexto social es que el  día 03 de Diciembre se conmemora un nuevo Día Internacional de las Personas con Discapacidad, marcado por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad social. Por ello el día 05 de Diciembre, las Secretarías y Departamentos de Discapacidad  de CTA y ATE participaremos desde nuestra identidad de trabajadores y trabajadores, en la Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Salario junto a las distintas organizaciones sociales y sindicales.

Desde ese lugar, en esta sociedad tan desigual venimos a afirmar los derechos de las personas con discapacidad, como así también subrayar la preocupación ante el incumplimiento histórico de la legislación argentina en Discapacidad, y una necesidad de base: presupuesto para la implementación efectiva de políticas públicas en la materia.

Claramente, si no hay presupuesto es imposible elaborar una política de inclusión. Y todo gobierno que no lo tenga es que ya ha tomado la decisión política de no implementarla.

Durante el primer cuatrimestre del año se llevó a cabo la Consulta Federal denominada “Hacia una Nueva Ley de Discapacidad” con el objetivo de reemplazar la Ley 22.431, de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados sancionada durante la última dictadura militar, basada en un paradigma médico y asistencialista. Si bien consideramos que dicha normativa amerita adecuaciones, cabe remarcar que la misma quedó tácitamente derogada desde la suscripción y ratificación de nuestro país de la ‘Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad’ en el año 2008, aprobada por ley 26.378, la que además de tener carácter de orden público, posee rango constitucional según la Ley 27.044.

En este sentido, afirmamos que la nueva Ley tiene que tener un enfoque de Derechos Humanos basado en el Modelo Social de Discapacidad, establecido por la Convención. Bajo la consigna ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’, expresión utilizada por las organizaciones de personas con discapacidad, que resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política, también exigimos la realización de nuevas audiencias públicas para discutir el Proyecto de Ley, antes de que ingrese al poder legislativo.

Asimismo consideramos que el mayor desafío y esfuerzo desde el Estado y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben estar dirigidos a garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes en la práctica y vida diaria de las personas con discapacidad.

En este sentido, nuestros aportes son:

Trabajo

Si bien la Ley 25.689, modificatoria la ley 22.431, estableció un cupo de contratación del 4%, ninguno de los poderes del Estado cumple con dicha cuota, por lo que es necesario que la norma prevea una consecuencia jurídica contundente o sanción de envergadura que desaliente su incumplimiento.

Según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad empleada es de solo el 0,61%.

Faltan adaptaciones físicas y estructurales en los edificios y en los puestos de trabajo.

La igualdad en la percepción de beneficios laborales (como Premio estímulo a la Asistencia) contemplando las licencias vinculadas a la discapacidad.

Las Pensiones no Contributivas NO deben ser incompatibles con el trabajo o con otros beneficios.

La restitución de la Comisión Nacional de Pensiones, que debe realizar el trabajo de campo para llegar a las personas con discapacidad que ignoran el derecho o no pueden llegar al lugar de gestión.

 Salud

En los barrios de CABA, de cada 10 personas en situación de discapacidad, solo 3 tienen el Certificado Único de Discapacidad.

Existe insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención, especialmente en los barrios pobres. La admisión hospitalaria está colapsada.

Hay insuficiencia de prestaciones complementarias, como ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos.

Las madres, que son único sostén de familia con hijos con discapacidad, con padres que abandonan el hogar, no reciben la protección social necesaria por parte del Estado.

Incluir Salud. El Programa funciona con muy serias y peligrosas deficiencias en todo el país. Debe garantizar las prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma y habilitar farmacias según la población beneficiaria. Rechazo de la resolución 453/2018 la mal llamada ‘provincialización’.

Políticas de Cuidados. Se requiere incluir a los asistentes domiciliarios, maestros integradores y todo personal de apoyo para garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.

Salud mental. Análisis y reformas que mejoren la calidad de vida, atendiendo a la libertad de circulación.

Accesibilidad

Se requiere el cumplimiento del cupo de las nuevas viviendas que deben ser accesibles para familias con algún integrante con discapacidad. Ley 24.464.

El Código de Edificación, sancionado en el año 2018 por la Legislatura Porteña, derogó la Ley 962 de accesibilidad, afectando derechos adquiridos, y a favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios.

En la Villa 20, un relevamiento del espacio público evidenció que en más de la mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa mientras que las viviendas que habitan las personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas.

Transporte Público

Se necesita que sean realmente accesibles, considerando las sumas ingentes del salario destinadas al traslado en taxis y/o remises.

El 66% de las estaciones de subterráneos no son accesibles

No existe una tarifa única para el traslado de las personas con discapacidad, quedando ello sujeto a la discrecionalidad de cada jurisdicción y/o partido.

Educación

Continúa el rechazo manifiesto de las obras sociales a brindar cobertura por tiempo prolongado en establecimientos especializados, que desarrollan modalidades de rehabilitación que incluyen programas educativos.

En la educación general básica, se manifiestan formas de rechazo cultural que impiden una mayor integración de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes. Y los docentes no están capacitados en el conocimiento de las diversas modalidades de la discapacidad, sus necesidades y potencialidades para el desarrollo de su vida cotidiana lo que vuelve ilusoria la educación inclusiva.

Se evidencia una grave ausencia de programas de educación temprana, media, superior y de educación de adultos para personas con discapacidad.

En la mayoría de los establecimientos hay barreras arquitectónicas, no existen baños adaptados y tampoco recursos técnicos y pedagógicos para facilitar el aprendizaje.

Las modalidades de libre competencia en el ingreso a la docencia y el derecho a la promoción en la carrera docente, a favor de la inclusión de personas con discapacidad en los cuerpos docentes debe tener en cuenta la especial idoneidad para el dictado de materias vinculadas a su desenvolvimiento como tales (sistema Braille, lenguaje de señas y otras).

Políticas públicas

Su implementación efectiva, en pos de una verdadera inclusión de las personas con discapacidad y que tiendan a mejorar las condiciones de vida y a propiciar el desarrollo económico, social y cultural del colectivo, requiere una asignación de recursos financieros que sean suficientes para hacer efectivos tales derechos.