Desde diciembre de 2023, los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria vienen perdiendo sistemáticamente frente a la inflación. A julio de 2026, los datos permiten dimensionar con claridad esa pérdida y también establecer cuánto falta para recuperar el poder adquisitivo que teníamos en noviembre de 2023.

En estos 32 meses, la inflación acumulada alcanzó el 328,6%, mientras que la actualización salarial fue del 226,8%. Como consecuencia, nuestro salario perdió un 23,8% de poder adquisitivo. Dicho de manera sencilla: hoy podemos comprar casi una cuarta parte menos que en noviembre de 2023.

Para recuperar esa capacidad de compra, sobre el salario de julio de 2026 se requiere una actualización del 31,15%. Este porcentaje no representa una mejora ni un aumento por encima de la inflación: es lo necesario para volver al punto de partida.

El aumento del 21,33% fijado en junio redujo parcialmente la deuda: la actualización necesaria pasó del 52,95% en mayo al 28,46% en junio. Pero no alcanzó para recomponer completamente los salarios. En julio, con una inflación del 2,1% y 0% de aumento salarial, la deuda volvió a crecer hasta el 31,15%.

La paritaria del 1° de septiembre: una instancia central

En este escenario, la convocatoria a paritaria nacional para el próximo 1° de septiembre adquiere una importancia fundamental. La paritaria no es solamente el ámbito legítimo de negociación colectiva donde las representaciones sindicales debemos discutir salarios y condiciones de trabajo. Es también una obligación expresamente establecida por la Ley de Financiamiento Universitario.

Su artículo 5° dispone la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria, con una periodicidad que no puede exceder los tres meses, y establece que las actualizaciones salariales mensuales no pueden ser inferiores a la inflación publicada por el INDEC.

A su vez, el artículo 5° establece que la actualización debió hacerse efectiva desde el mes siguiente de la publicación ley en el Boletín Oficial, es decir, noviembre de 2025. La deuda salarial que el gobierno tiene con la docencia de las universidades por el incumplimiento de ese artículo, asciende a un valor equivalente a 4 salarios completos del mes de julio de 2026, tal como se cobró, sin actualizar (lo que equivale a 3 salarios actualizados).

Por eso, la convocatoria del 1° de septiembre debe ser una instancia efectiva de negociación y no una mera formalidad. El Gobierno debe llevar una propuesta que permita saldar la deuda salarial acumulada y establecer un mecanismo que impida que nuestros salarios sigan perdiendo frente a la inflación.

Desde CONADU HISTÓRICA sostenemos que ambas cuestiones son inseparables: hay que recomponer lo perdido y garantizar hacia adelante actualizaciones mensuales, como mínimo, equivalentes a la inflación.

La defensa del salario es también la defensa de la Universidad Pública. El deterioro salarial expulsa docentes, investigadores e investigadoras, dificulta la incorporación de nuevas generaciones y debilita las condiciones en las que enseñamos, investigamos y producimos conocimiento.

El 1° de septiembre el Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación: cumplir la ley, cumplir la medida cautelar y pagar la deuda salarial.

La ley se cumple. La deuda salarial se paga. Sin salarios dignos no hay Universidad Pública posible.