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Castigar la pobreza joven

por Ana Laura López

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Según los datos del Censo 2022, casi un tercio de las/os habitantes del país son niñas, niños o adolescentes. En términos socioeconómicos, para el segundo semestre de 2023 el INDEC estableció que casi el 42% de la población se encuentra empobrecida, equivalente al 32% del total de hogares del país. Entre las personas empobrecidas, se registra un 12% que permanece bajo la línea de indigencia, esto es, vive bajo condiciones de hambre severo.

Sin embargo, al observar estos indicadores por grupos de edad, las/os más jóvenes concentran los mayores niveles de empobrecimiento: el 58,4% de las personas de hasta 14 años son pobres, notablemente por encima de los restantes grupos etarios.

La misma fuente (Encuesta Permanente de Hogares – Indec) presenta los datos de pobreza para todo el universo de personas de 0 a 17 años, donde la pobreza impacta sobre el 58,5% del total. En otras palabras: 6 de cada 10 niñas/os y adolescentes en Argentina son pobres, colocándolos en las posiciones más degradadas de la estructura social desigual que hace décadas impone marginalidad y falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales con mayor énfasis entre sus integrantes más jóvenes.

Observando con mayor detenimiento este universo, encontramos que las/os adolescentes de entre 12 y 17 años son el subgrupo de edad infantil-juvenil más golpeado: el 59,4% son pobres (y el 19,7% indigentes), por encima de la medida para primera infancia (0 a 5 años, 58,5%) y edades intermedias (6 a 11 años, 57,9%). Así, los/as adolescentes son los más empobrecidos entre las infancias, que en términos más amplios son el grupo poblacional más pobre. En otras palabras: son los más pobres entre los más pobres.

PROPUESTAS PUNITIVAS

La principal propuesta que se formula y promociona desde la política pública para este grupo etario es la ya conocida fórmula de maximización de la carga punitiva como vía de disciplinamiento social para gobernar a la desigualdad severa del ciclo neoliberal del capitalismo. Veamos estos asuntos.

En forma cíclica, la enorme mayoría del amplio espectro de la clase política encuentra en la cuestión de la baja de edad de imputabilidad y punibilidad una suerte de artificio mágico para exorcizar todos los males sociales, concentrados estos en la figura del adolescente pobre como indudable arquetipo del “otro negativo” que a la vez que fundamenta los miedos sociales, se configura como un enemigo social del cual protegerse.

Desde posiciones “punitivo progresistas” que aluden a la necesidad de dotar de garantías y derechos a los jóvenes, hasta posiciones “punitivo conversadoras” y “punitivo liberales” que destacan la necesidad de mayor severidad en el primer caso y de mayor responsabilización penal, en unos y otros casos las posiciones encuentran en la política criminal y el sistema de la crueldad punitivas las únicas “propuestas” posibles para un problema que se encuentra sobredimensionado, por un lado, y que expresa las enormes distorsiones de la desigualdad social en cuanto al acceso a derechos, por el otro.

La cuestión penal juvenil se encuentra sobre-dimensionada en tanto las estadísticas sobre el presunto delito juvenil (es decir, sobre los resultados de la captura selectiva que caracteriza el funcionamiento material de todo sistema penal, tanto de jóvenes como de adultos) no muestran una situación “amenazante” en cuanto a la cantidad de “delito adolescente” (que sigue siendo marginal sobre la estadística total) y, en especial, en cuanto a los tipos de eventos según su nivel de gravedad en términos de violencia y/o afección a bienes jurídicos. En otras palabras: los delitos imputados a adolescentes son cuantitativamente poco relevantes y, además, los hechos graves dentro de este conjunto son aún más insignificantes en volumen y frecuencia.

A modo de ejemplo, según los datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, menos del 3% del total de causas judiciales fueron iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Dentro de ese subuniverso de investigaciones penales del fuero juvenil, el 0,5% corresponde a delitos letales –considerados los más graves contra la vida-. En cambio, los delitos contra la propiedad son los principales motivos de imputación, sin representar ello una vinculación directa con los pánicos sociales a la “violencia de los menores”, cuya expresión pareciera tener la extraña capacidad de conjurar todos los males sociales.

Ello significa que todas las propuestas de reducción de baja de punibilidad se encuentran descontextualizadas, poco fundamentadas y, ante todo, orientadas a gestionar a las adolescencias empobrecidas, por un lado, y a la exacerbación de la demagogia punitiva, por el otro. Se trata de mecanismos que prestan un doble sentido de maniobra: habilitan mayores facultades discrecionales en el despliegue policial-judicial para gobernar a través de la violencia a esos sectores de la pobreza y, en simultáneo, proveen un atento servicio distractivo hacia el público más amplio en períodos de conflicto social y de crisis económicas.

En Argentina no existe fenómeno alguno que pueda fundamentar la “necesidad” de ampliar las mallas de la captura penal y responder con arsenal punitivo a las y los más jóvenes, quienes además se encuentran severamente atravesados por la marginalización y precariedad social persistente.

Por otra parte, urge señalar que los jóvenes que actualmente se encuentran capturados por las redes de la penalidad juvenil transitan sus días en dispositivos institucionales degradados, sin condiciones materiales, operativas y programáticas que puedan reducir la masiva violación a los  derechos humanos a partir del cual gestionan el sufrimiento institucionalizado que define a los sistemas penales.

En simultáneo, un sistema de promoción y protección social apoyado en políticas sociales robustas parece ser, cada vez más, una utopía discursiva que es amnésica con los derechos sociales de miles de adolescentes y entusiasta con la solución punitiva sobre esos “otros empobrecidos” que solo pueden formar parte del proyecto social en términos de enemigos.

Sobre la demagogia de progresistas, liberales y conservadores que promueven con distintas estrategias discursivas la idea de más penalidad para los más jóvenes decimos: el sistema penal no soluciona nada, sino que suele empeorarlo todo. El sistema penal no puede ni debe suplir los objetivos de la política social. Ni ayer, ni hoy, ni mañana.

Ana Laura López: del Foro por la Niñez, para Revista Malas Palabras.

Ana Laura es Licenciada en Sociología (FSOC, UBA). Magister en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC, UBA). Doctoranda en Ciencias. Sociales (FSOC, UBA). Integrante del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y del Grupo de Estudios Sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (IIGG-FSOC,UBA). Trabaja temáticas de sociología del sistema penal juvenil.

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