Organismos de Derechos Humanos y otras personalidades alertaron en conferencia de prensa, realizada en la sede de la Central, sobre las consecuencias de la medida tomada el 3 de octubre pasado por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de revocar el refugio político otorgado a la familia Villalba, perseguida por el Estado de Paraguay.
La persecución a la familia Villalba se inicia por su participación en la lucha campesina en Paraguay y por acusaciones de tener vínculos con la resistencia armada. El hecho más dramático se dio con los asesinatos de las niñas Lilian y María, junto al secuestro y desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita”, de 14 años, el 30 de noviembre de 2020 por militares del Ejército paraguayo. Además, Carmen y Laura, madres y tía de las niñas, fueron encarceladas.
Desde ese momento, a la familia Villalba constituida por 5 mujeres adultas, un hombre adulto y 12 menores de edad buscaron refugio en la Argentina, intentando protegerse de la persecución de las fuerzas represivas del régimen paraguayo. Tras arduas gestiones y por el reclamo de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, lograron que durante la administración anterior, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) reconociera su condición y les concediera el asilo. Ahora, por intervención del Gobierno de Milei, la CONARE revocó el refugio poniendo en serio riesgo a la familia Villalba.
«En enero hubo una resolución de Naciones Unidas sobre la investigación que realizó el Comité de Derechos del Niño sobre el asesinato de Lilian y María Villalba. Esa resolución que está en estado de confidencialidad se va a hacer público en breve, por lo cual no nos es ajeno que toda esta persecución que se desató fundamentalmente este año tiene que ver con esto.», afirmó Laura Taffetani de la Gremial de Abogadxs y adelantó que la decisión será apelada administrativamente y ante el Poder Judicial.
Desde los organismos de derechos humanos denuncian que en Paraguay continúa la persecución, con vejaciones y trato inhumano a las presas políticas Carmen y Laura. Carmen Villalba sigue presa aún cuando en 2021 ya había cumplido la totalidad de su condena de 18 años, mientras que sobre Laura Villalba pesa una condena a 25 años por el solo hecho de ser la madre de una de las niñas que el ejército paraguayo asesinó.
Días atrás se conoció el traslado de Carmen y Laura Villalba, junto a Francisca Andino, otra detenida acusada de participar de acciones de resistencia armada, a la cárcel de Minga Guazú. Allí las autoridades paraguayas anunciaron que enfrentarán condiciones de encierro riguroso en el nuevo módulo de máxima seguridad para mujeres.
Por todo ello, los convocantes a la conferencia alentaron a desarrollar la más amplia solidaridad con las presas políticas de Paraguay, repudiaron la complicidad del Gobierno argentino con los crímenes del Estado Paraguayo y anunciaron una campaña internacional que visibilice la falta de garantías democráticas en la región.
Desde la Central, la Directora de Derechos Humanos, María José Cano, expresó «la máxima solidaridad con la causa de la familia Villalba y nuestro acompañamiento en la búsqueda de justicia para la lucha del pueblo paraguayo y en particular del campesinado».
Estuvieron presentes, Elsa Oshiro por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Pablo Vasco de CADHU, Carlos “Sueco” Lordkipanidse, Eduardo Soares de la Gremial de Abogadxs, Maria Pomacusci, Micarla Bracco de APDH, Claudia Korol de Feministas del Abya Yala, entre otros.
