“Todos los gremios estamos peleando para recuperar la obra social de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Patricia Campos, referente del área de Discapacidad de la CTAA, explicando que la problemática se inició en enero de 2016 con la sanción de la ley Nº1071, que modificó la estructura de la Obra Social.  “Es un paquete de leyes que dejó un daño gravísimo a la sociedad fueguina, le ha dado poderes al ejecutivo de la provincia que no son usados en pos de los beneficios de los afiliados y afiliadas; llevó más de 6 meses de acampe y de lucha de los y las trabajadoras.”, recordó Campos.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) alcanza a un vasto universo de afiliados que perciben la pensión RUPE, entre ellos las personas con discapacidad. Desde el corriente año se agravaron las suspensiones en la atención perjudicando la continuidad de los tratamientos de rehabilitación y las derivaciones médicas, frecuentemente solicitadas a centros de mayor complejidad en Buenos Aires. “Una afiliada con movilidad reducida en el mes de abril tuvo que iniciar una acción de amparo ya que precisa con urgencia ser derivada y aún no tiene respuesta”, ejemplificó Campos, quien denunció mediante un petitorio de la CTAA que “el Estado con intencionalidad  arbitraria ha tomado decisiones organizativas y económicas de nuestra obra social, avanzando sobre el patrimonio  y los recursos dejándonos como afiliados  sin servicios, sin medicamentos, sin óptica y sin prestaciones, con una clara política de desabastecimiento y claro abandono de los afiliados y afiliadas”.

El informe también pone en evidencia la acumulación de deuda que el Estado tiene con OSEF de más de 300 millones de pesos por aportes RUPE y otras deudas, así como maniobras en perjuicio de los fondos, en tanto se derivan de la compra de medicamentos a farmacias convenidas por un 150 % más que lo que se consigue directamente en laboratorios. Así como las prestaciones médicas supeditadas a valores altísimos por tener que convenir con un único prestador de salud privado de la provincia.

En el marco del plan de lucha iniciado por los gremios, cuyos reclamos han sido sistemáticamente desoídos, el próximo lunes 30 se realizará una conferencia de prensa en la Cámara Legislativa donde se presentará un Proyecto de Ley que propone una modificación de la Ley N°1071 “donde dejamos en claro que los únicos dueños de la obra social somos los y las afiliados y somos nosotros los que debemos administrar y llevar la política de salud que queremos para nosotros y nosotras mismas”, sostuvo la dirigente.  Mientras que el martes 31 a partir de las 11 horas se realizará una movilización convocando a todos los sectores.