En clave procesal, hay cuatro imputados: una pareja de policías y dos agentes de seguridad privada del boliche Sr. Ming River House, que funcionó dentro del complejo La Fluvial.  Están acusados de haber golpeado al joven de 23 años el 24 de febrero de 2020 en la puerta del boliche y haberlo arrinconado contra una baranda. De esta manera provocaron que saltara al río, donde finalmente murió.

Según indican las pericias, cayó al agua entre las 4.30 y las 5 de ese día. Tras dos angustiosos y desesperados días de búsqueda de familiares y amigos, el cuerpo fue hallado cerca de allí en las aguas del Paraná. Para el papá de Carlos, Edgardo Orellano, “eran cuatro contra uno y uno de ellos es profesor en artes marciales. Perpetua tienen que tener”.

El fiscal por su parte, informó que solicitará en el juicio la pena de 19 años de cárcel para los policías Gabriel Julio Nicolossi (39 años) y Carina Laura Gómez (42), quienes hicieron adicionales en la madrugada de aquel 24 de febrero de 2020. Están imputados por homicidio simple con dolo eventual, incumplimiento en los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Asimismo, solicitó 17 años de cárcel para Claudio Fabián Maidana (55) y Emiliano Oscar López (32), los “patovicas” del boliche, acusados por homicidio simple con dolo eventual, en carácter de coautores y en grado consumado. También hay otros policías bajo investigación: una sumariante de la comisaría 2ª y el por entonces jefe de esa seccional céntrica. Según el Ministerio Público de la Acusación no fueron a secuestrar imágenes de las cámaras del boliche en el momento que la fiscal Valeria Piazza Iglesias, la primera autoridad judicial que tomó intervención en la causa, lo había ordenado.

El abogado querellante que representa a la familia de la víctima, Salvador Vera, consideró que “hay elementos que entiende tanto Fiscalía como la querella para obtener una sentencia condenatoria. La querella hizo una valoración un poco más elevada de los montos de pena que Fiscalía. En términos generales, hay coincidencias en el encuadre jurídico del homicidio, incumplimiento en los deberes de funcionario público y en falsedad ideológica”. La querella pidió 23 años de cumplimiento efectivo para Nicolossi y Gómez y 20 años de prisión efectiva para Maidana y López

La CTA Autónoma Rosario exigió las máximas penas, recordando que este caso también se sumó a los de otros jóvenes víctimas de la violencia policial y de seguridad privada en boliches. “Acá hay un modus operandi que claramente tiene la vida de nuestros pibes como moneda de cambio. Es necesario que se sepa qué pasó, la condena a todos los y las responsables, el cumplimiento efectivo de esas penas y también una remoción de estas dinámicas que ponen en riesgo la vida de nuestros pibes no sólo en los barrios atravesados por la violencia, sino también cuando salen a la noche a divertirse y, como en el caso de Bocacha, no vuelven”.