Bajo la justificación del Plan Dédalo, la Armada intenta reestructurar la histórica base de Punta Indio. La reconversión de la emblemática Base Aeronaval Punta Indio en una simple estación, impulsada por la cúpula de la Armada Argentina a través del denominado Plan Dédalo, llevó a que organizaciones sociales y sindicales le escribieran una carta al Papa para que intervenga.

La comunidad de Punta Indio teme que con el traslado de sus principales unidades operativas y de la Escuela de Aviación Naval hacia la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca, el distrito no solo asista a una modificación en el mapa castrense, sino a la amenaza latente de un

La carta explica que la Base está ubicada a cinco kilómetros de Verónica, la institución militar funcionó históricamente como el corazón económico y demográfico de la región. El impacto proyectado de la medida no distingue sectores: la reubicación de cientos de efectivos y la puesta en riesgo de puestos laborales civiles golpean de manera directa la cadena de pagos del comercio minorista, la demanda de alquileres y el movimiento cotidiano de instituciones educativas y sociales locales.

Se estima que la medida paralizaría el consumo interno, empujando a la localidad hacia un escenario de vulnerabilidad inédito. Para un municipio estructurado simbióticamente en torno a la actividad aeronaval desde hace cien años, la pérdida de su operatividad equivale a desarticular su propia matriz de desarrollo.

Frente a la resistencia generalizada que nuclea a trabajadores, gremios y administraciones locales, la respuesta de la fuerza ha sido sostener que las instalaciones no cerrarán sus puertas de forma definitiva, sino que operarán bajo una estructura mínima de mantenimiento.

Sin embargo, los argumentos centrados en la modernización tecnológica y la optimización de recursos chocan frontalmente contra el rechazo de la comunidad organizada, que ya ha llevado sus reclamos a la cartera de Defensa  para frenar lo que consideran un golpe mortal a la identidad y al porvenir de la región.

«La medida pone en riesgo la continuidad laboral de 185 trabajadores civiles y sus familias, además de implicar el traslado de 300 efectivos militares, afectando directamente la vida cotidiana y las posibilidades de desarrollo de nuestra propia comunidad», cicen en la misiva.

La carta está firmada por Hernán Roblin Dabel, secretario general de ATE Magdalenta y Punta Indio y Leandro Davi Angueira, intendente de Punta Indio.