Argentina tiene 13 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras, cinco millones de personas viviendo en barrios sin agua ni cloaca y 200.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires que nadie alquila porque rinden más como activo financiero. Con esa realidad como telón de fondo, el gobierno de Javier Milei está impulsando un proyecto bautizado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que apunta a profundizar ese cuadro.

En 53 artículos, el proyecto libertario toca simultáneamente varios regímenes legales: el de expropiaciones, el de desalojos, el que regula los barrios populares, la propiedad de las tierras rurales y el manejo del fuego. En cada uno de esos capítulos se apunta a reducir el margen del Estado para intervenir sobre la propiedad privada y fortalecer la posición de quienes ya la tienen. Desde permitir que un inversor extranjero pueda comprar campos sin límite de hectáreas hasta habilitar desalojos exprés para familias inquilinas.

El proyecto lleva la firma y el ADN de Federico Sturzenegger, el ideólogo de la motosierra de Milei. Ya llegó al Congreso y está en debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, presididas por senadores de La Libertad Avanza.

El oficialismo busca dictaminar esta semana y llevar el proyecto al recinto antes de que termine el mes, cerrando el debate antes de que las voces críticas puedan hacerse escuchar. Organizaciones campesinas, territoriales, sindicales y sociales —entre ellas la CTA Autónoma— lo rechazaron en un comunicado conjunto y buscan sumar la voz en una discusión que el oficialismo intenta cerrar a toda velocidad.

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