El encuentro en Casa de Gobierno encendió el debate por la autonomía provincial, la legalidad de la medida y la situación de 140 trabajadores que quedaron sin poder ingresar a sus puestos laborales.

Cuando la intervención al Puerto de Ushuaia dispuesta Miguel Iñaki Arreseigor, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, está a punto de cumplir 60 días, el gobernador Gustavo Melella recibió en la Casa de Gobierno a representantes del sector portuario, dirigentes sindicales nacionales y referentes políticos nucleados en el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, en un encuentro marcado por la preocupación frente a la medida dispuesta por el Gobierno nacional. Durante la reunión se expresó un fuerte respaldo institucional y gremial a la postura del Ejecutivo provincial y se analizaron las consecuencias políticas, jurídicas y laborales de la medida.

Participaron del encuentro referentes de distintos espacios vinculados a la actividad portuaria y al movimiento sindical. Participaron dirigentes del Sindicato Unido de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), encabezados por su secretario General nacional Adolfo Barja y Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma nacional,  Julio C. Urien, de FIPCA, Ernesto Paillalef, del Movimiento Evita, ambos integrantes del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, representantes de la Comisión Nacional de APDFA, como Artemio Zugriategui y Ricardo Alonso, y de Sandro Asar, Secretario General de la Seccional Atlántico Sur de ese sindicato.

En representación del Gobierno fueguino estuvieron la Vicegobernadora Mónica Urquiza; la senadora Nacional Cristina López; el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia; y el Secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossatto.

La comitiva también se reunió con funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, el encuentro se realizó a partir de una solicitud realizada al intendente Walter Vuoto y tuvo como eje principal el intercambio sobre la defensa de la soberanía nacional, la autonomía de la provincia y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras frente al contexto nacional.

Durante el encuentro se analizaron las implicancias institucionales de la intervención, que generó una fuerte controversia en torno a las atribuciones del Gobierno nacional sobre organismos provinciales. Según plantearon los participantes, la medida dejó además a unos 140 trabajadores portuarios sin poder ingresar a sus puestos de trabajo, lo que profundizó la tensión política y sindical.

Melella expuso ante los presentes un informe detallado sobre las acciones emprendidas por el Ejecutivo provincial para enfrentar lo que definió como un avance sobre la autonomía de Tierra del Fuego. En ese marco, sostuvo que la provincia defenderá sus competencias y los intereses de la actividad portuaria frente a lo que consideró un avasallamiento de la soberanía provincial.

Desde el sector gremial, Adolfo Barja sostuvo que “el puerto fueguino es una infraestructura clave para el desarrollo productivo, logístico y turístico de la región, por lo que su administración no puede quedar librada a intereses particulares ni a decisiones que perjudiquen el desarrollo federal”. Y remarcó que “el Puerto de Ushuaia cumple un rol central para la soberanía y la integración territorial, ya que constituye una puerta de entrada estratégica a la Patagonia y a la actividad antártica,  por ello, el Estado debe garantizar su correcto funcionamiento y su desarrollo a largo plazo”.

también se manifestaron fuertes críticas a la intervención. El representante de APDFA, Ricardo Alonso, aseguró que el sindicato se opuso desde el primer momento a la medida al considerarla “ilegítima, ilegal, improcedente e inconstitucional”. Según explicó, no existe antecedente de que un organismo nacional intervenga una entidad provincial sin una decisión formal del Poder Ejecutivo nacional, como podría ser un Decreto de Necesidad y Orgencia firmado por el Presidente.

Alonso sostuvo además que la intervención implica una invasión de la jurisdicción provincial y ratificó el respaldo del gremio al Gobierno fueguino. En ese sentido, remarcó que el conflicto también afecta de manera directa a los trabajadores portuarios, quienes quedaron impedidos de desarrollar sus tareas habituales.

Por su parte, el Presidente del Consejo Portuario Argentino, José María Lojo, calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la importancia de contar con información directa por parte del gobernador sobre la situación. Según indicó, comprender el contexto permitirá a los distintos actores del sistema portuario colaborar en la búsqueda de una salida institucional al conflicto.

Desde APDFA, Artemio Zugriategui también valoró la reunión y ratificó el acompañamiento del gremio al reclamo provincial. El dirigente expresó su preocupación por la situación de los trabajadores afectados y sostuvo que el objetivo es lograr que puedan reincorporarse a sus puestos lo antes posible.

“Tenemos 140 personas afuera, sin trabajo, por una intervención ilegítima”, advirtió, al tiempo que subrayó la necesidad de sostener la unidad entre sindicatos, dirigentes políticos y autoridades provinciales para revertir la situación y garantizar la continuidad de la actividad portuaria en Ushuaia.