Toda política de ajuste necesita un relato que la sostenga. El gobierno de Javier Milei construyó el suyo sobre tres grandes enemigos: el peronismo como encarnación del pasado que hay que destruir, el movimiento obrero organizado como obstáculo al «cambio cultural», y ahora, con creciente centralidad, el migrante como amenaza a la seguridad y al bolsillo de los argentinos.

El instrumento legal de esa operación es el DNU 366/2025, dictado el 14 de mayo de 2025: un decreto que modifcó por la vía ejecutiva la Ley de Migraciones 25.871 —aprobada por unanimidad en el Congreso en 2003— para habilitar expulsiones sin condena frme, arancelar la salud y la educación universitaria para extranjeros, y crear las condiciones legales para un aparato represivo de nuevo tipo. Que el gobierno haya elegido el DNU y no la vía parlamentaria no es un detalle: es la señal de que sabía que no tenía los votos, y de que la urgencia no era técnica sino política.

El enemigo interno cumple una función política precisa: desplazar la confictividad social hacia un otro que no merece derechos y consolidar un consenso punitivo que habilite la expansión del aparato coercitivo del Estado.

La política migratoria de Milei no es gestión poblacional. Es la cara migratoria del mismo proyecto que ataca los derechos laborales y previsionales, y necesita datos falsos para sostenerse porque los reales no le sirven.

Ver informe completo: MIGRANTES COMO ENEMIGO INTERNO – Informe final (3)