Las muertes por la cocaína envenenada reflejan una vez más el preocupante enfoque reduccionista con que se trata este tipo de situaciones.
Posicionarlo desde distintas esferas como un hecho meramente delictivo solo contribuye a acallar el juicio crítico frente a una realidad que, claramente, tiene matices de compleja profundidad .
Que el narcotráfico puede permearlo todo, no cabe duda. Sin embargo, necesita de la colaboración de distintos ámbitos de poder para lograr su consolidación. ¿Dónde consiguen su poder de fuego los narcos? ¿Hay una real preocupación por las historias de niñes y adultes que perdieron a un ser querido? ¿Quiénes garantizan la impunidad del narcotráfico en la Argentina?
Cuando el discurso oficial se centra en descartar la cocaína comprada durante las últimas 24 horas se hace imperioso instalar la duda sobre si las prioridades son en función de la salud y seguridad de la población o, más bien, responden a otro tipo de lógica.
Posicionar este tema como una suerte de ajuste entre bandas rivales no hace más que validar distintas políticas coercitivas que, en ningún caso, tienen como objetivo erradicar el crimen organizado. Más bien responde a una invisibilización social, esa misma que permite al narcoestado, a través de sus lazos institucionales, consolidarse como una herramienta disciplinadora a través del miedo y la muerte. Un oscuro espacio donde se entrelazan los negocios privados y la intencionalidad de ejercer un control social con la clara complicidad de un estado presente pero en formato represivo.
No hay posibilidad de abordar la cuestión como si fuera una realidad independiente, un mundo autónomo de la compleja realidad social habitado sólo por los narcos y sus víctimas: el crecimiento exponencial del narcotráfico está directamente relacionado con la destrucción del aparato productivo que pauperiza el presente y cancela el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes.
La transformación de este Estado sólo será posible con la participación efectiva del pueblo y sus organizaciones en el diseño y ejecución de políticas públicas integrales. El consumo problemático no es una cuestión policial. El narcotráfico tampoco.
