El prohibicionismo puso inevitablemente al consumidor en el lugar del delincuente, a la vez que fue extendiendo el narcotráfico y la violencia por toda la región. Un problema del campo de la salud pública ha sido y sigue siendo abordado desde los Estados a través de la represión, la judicialización, la mano dura, la estigmatización.
Es indispensable para abordar la problemática diferenciar las respuestas represivas al narcotráfico de las políticas públicas para garantizar el derecho a la asistencia digna de aquellas personas que lo necesitan.
La ley nacional de salud mental y adicciones establece en su ARTICULO 4° — “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.
Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”.
Es necesario prevenir, descriminalizar a los consumidores, garantizar alternativas de asistencia y reducción de riesgo y de daños.
Al día de hoy el sistema de salud se encuentra desbordado, a pesar del esfuerzo de muches trabajadores, la precaria red de asistencia sigue estando anclada en el paradigma manicomial.
Urge avanzar en la plena implementación de la “Ley Nacional de Salud Mental y adicciones” (26657), destinar el presupuesto que corresponde, crear los dispositivos necesarios desde una perspectiva de salud mental comunitaria garantizando las condiciones de trabajo y de asistencia.4
* Esteban Fridman, Delegado ATE Colonia Oliveros.
