Este martes 5 de mayo un operativo policial contra la comunidad mbya guarani Puente Quemado II fue noticia por la detención de su mburuvicha, Santiago Ramos, junto a otros siete hombres, y el traslado masivo de mujeres y niños a la comisaría de Garuhapé. El episodio, de particular gravedad, es consecuencia del tratamiento que le dan las autoridades al uso y defensa de las comunidades indígenas de su territorio ancestral frente a privados y a un Estado que los trata como usurpadores.
La CTA Misiones rechaza la criminalización del ejercicio de los derechos territoriales de las comunidades, rechaza el trato violento que recibió la comunidad de Puente Quemado II y alerta sobre la urgente necesidad de resolver los conflictos territoriales en resguardo del territorio indígena.
El Pueblo Mbya guarani es preexistente al Estado nacional y al Estado provincial, sus integrantes y sus ancestros poblaron estos territorios siglos antes de la conquista y todo orden jurídico y de propiedad posterior.
La Comunidad Puente Quemado II logró el reconocimiento de la posesión y uso ancestral de su territorio en 2019 mediante la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas (Nro. 26.160). Sin embargo, la titularidad de sus tierras es detentada por particulares, entre ellos la multinacional Arauco y el empresario forestal Alfredo Ruff, autor de la denuncia por “usurpación” contra la comunidad.
La CTA Misiones se solidariza con Puente Quemado II, reclama el desprocesamiento de todos sus integrantes, y la urgente solución de los reclamos territoriales de las comunidades indígenas.
