Convocada por personas con discapacidad, familiares, profesionales e instituciones vinculadas a la temática, se llevó adelante en la mañana de este miércoles 22 de abril en Posadas una marcha desde la Plaza 9 de Julio hasta la Legislatura provincial.
El reclamo es la no modificación de la ley 27.793 “de Emergencia en Discapacidad”, reglamentada en febrero de este año, que obliga al Estado nacional a actuar con urgencia para garantizar los derechos de las personas con discapacidad: sus tratamientos, terapias, transporte, educación y todo lo necesario para vivir con dignidad.
Lejos de cumplir con lo ordenado por la ley, la gestión nacional viene realizando diversas maniobras para eludir sus obligaciones y recientemente ha presentado un proyecto de ley para modificar la norma.
Se trata del proyecto de ley 109/2026 – firmado por Adorni, Milei y Lugones – llamado «contra el fraude en discapacidad», que apunta a eliminar pilares fundamentales del sistema de atención a las Personas con Discapacidad (PCD).
La iniciativa pretende poner fin al sistema de nomenclador que fija los honorarios para todos los prestadores de salud del país (terapistas, centros de rehabilitación, etc.), y el reemplazo de los talleres protegidos -espacios donde las PCD pueden trabajar de manera formal – para reemplazarlos por pensiones por invalidez que serían incompatibles con tener un trabajo registrado.
Colectivos de personas con discapacidad, profesionales e instituciones relacionadas a la temática han movilizado en todo el país en contra de estas modificaciones por considerarla parte del ajuste contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, y han rechazado la estigmatización que implica por parte de la gestión nacional presentar al proyecto como una iniciativa para combatir el fraude contra las arcas públicas.
