Los trabajadores y trabajadoras rurales organizados en la Federación de Trabajadorxs Agrarixs de la República (FETARA) expresamos nuestra solidaridad con quienes en estas horas están luchando en defensa de sus derechos ante el brutal ataque del Gobierno de Javier Milei contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Tal como lo ha comunicado el nefasto vocero presidencial, el Gobierno nacional ha resuelto poner en marcha lo que será el proceso de destrucción y desguace más profundo de uno de los organismos más prestigiosos que tiene el desarrollo agropecuario en la República Argentina.

Las decisiones que por estas horas se están tomando en el marco del Consejo Directivo de dicha institución, bajo instrucciones directas del Presidente de la Nación, consisten no solo en despidos masivos y afectación de derechos de trabajadores y trabajadoras que tienen años de experiencia y aporte tecnológico a la producción agropecuaria, sino también la venta de inmuebles estratégicos del organismo, esenciales para el desarrollo de una de sus principales responsabilidades como es la extensión y la experimentación.

Con esta criminal política, el Gobierno libertario va a privar al organismo de su principal herramienta en el vínculo con el sector agropecuario, impidiendo el desarrollo de tecnología y construcción de conocimiento productivo para todos los actores de la producción y en cada uno de los territorios de la Patria.

La estrategia del gobierno es ni más ni menos que entregarle el conocimiento productivo y tecnológico a los sectores más concentrados y capitalizados que tiene el agro negocio y, por consiguiente, negárselo a los pequeños y medianos productores de las diversas producciones del agro.

El INTA, desde su creación, ha sido una de las principales formas para permitir que no solo los grupos concentrados tengan acceso al conocimiento, no solo quienes producen en la zona núcleo de la pampa húmeda, sino que el acceso al conocimiento, para ser competitivos de acuerdo a las nuevas tecnologías, lo tengan también lo productores más pequeño o de zonas de economías regionales.

Cómo trabajadores y trabajadoras rurales, que también aspiramos a fortalecernos con conocimientos aplicados en las áreas en donde con nuestro esfuerzo producimos el alimento para los y las argentinas, repudiamos la decisión y acompañamos solidariamente a los trabajadores y trabajadoras que están dando la lucha, no sólo por sus puestos de trabajo sino también por el destino de una producción agropecuaria más vinculada con las comunidades, con los territorios y con el estratégico objetivo de producir alimentos accesibles de manera suficiente, sana y sustentable.