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Sara Inalef, 93 años viviendo en una tierra de la que pretenden desalojarla

Las cuatro mujeres del lof Inalef Coronado fueron intimadas a abandonar las tierras que ocupan ancestralmente y permanecen en el lugar en resistencia ante la orden de desalojo de la Justicia provincial. Violencia de género y despojo histórico.
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Sara Inalef tiene noventa y tres años. Nació y se crio en las tierras que habita ancestralmente en Mallín Ahogado, un paraje entre El Bolsón y Bariloche, Río Negro, región a la que el pueblo mapuche fue reducido tras la denominada Conquista del Desierto. Su familia está en la comarca desde 1885. El paraje en cuestión es conocido en la zona como Rinconada de Inalef pero la Justicia rionegrina dio la orden de desalojarla.

Allí vive junto a su hija Cristina (63 años) y dos nietas, una de ellas discapacitada. Crían cabras y ovejas, hilan su lana y la tejen. Sara es una experta tejedora y una generosa maestra de este arte.

Las cuatro mujeres del lof Coronado Inalef están a punto de ser desalojadas de las siete hectáreas de las que son poseedoras ancestrales en el marco de un conflicto con la familia Sepúlveda Avilés, que afirma ser propietaria del lugar, y su representante la abogada Patricia Zavalía, quien pretende además ser dueña de dos de las hectáreas en conflicto.

La orden de desalojo fue dictada por el juez Juan Pablo Laurence y ratificada por el juez Juan Martín Arroyo. El fiscal Francisco Arrien es el encargado de ejecutarla.

“Ya vamos cinco generaciones viviendo en este territorio”, sostiene Cristina. “Nuestra madre nació acá y tiene 93 años. Si el Fiscal hubiera investigado habría visto toda nuestra documentación y todas las injusticias que se cometieron acá”. Los usurpadores Sepúlveda construyeron en el territorio una vivienda y se han mudado allí con dogos, perros feroces que asustan a los animales de las Inalef.

“Alertas para acompañar y resistir”

“Queda claro que el fiscal Arrien sólo responde a los grandes intereses de terratenientes e inmobiliarios favoreciendo a una abogada procedente de Buenos Aires, Patricia Zavalía, quien dice ser dueña del territorio mapuche”, expresa en un comunicado el grupo de mujeres mapuches Witralein pu zomo, de Bariloche. “Es lamentable que en estos tiempos tengamos que revivir la época dolorosa de despojo de los territorios, por eso hoy hacemos responsable al fiscal de cualquier hecho grave que pueda pasar. Las mujeres mapuche nos mantenemos en alerta para acompañar, llegar al territorio y resistir en defensa de nuestros derechos”.

Por su parte, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que reúne a la mayoría de las comunidades de la provincia, expresó su apoyo al lof y denunció: “Desde el 15 de marzo la Lof Inalef Coronado está en resistencia ante la orden de desalojo que ha determinado el Poder Judicial de Río Negro a través de jueces y fiscales que omiten el derecho a defensa de la comunidad desconociendo el peso normativo internacional nacional y provincial. Una vez más el Poder Judicial es el brazo ejecutor del despojo territorial de las Comunidades Mapuche Tehuelche. ¡Resistiremos!”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo presentaciones ante el Procurador General de la provincia Jorge Crespo y ante el fiscal interviniente en el caso. “Tengo el agrado de dirigirme a V.S. a fin de manifestar nuestra preocupación sobre la situación que atraviesa la Comunidad Indígena Lof Inalef del Pueblo Mapuche y acercar información sobre los derechos que le asisten a la misma”.

En ambas notas, Diego Morales, Director del área de Litigio Estratégico y Defensa Legal del CELS, acerca fundamentos del marco jurídico normativo y jurisprudencial sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, que los fallos de la justicia rionegrina, en este y otros casos, está violando.

También se hizo eco del atropello a las Inalef, la diputada provincial Magdalena Odarda, ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante la presidencia de Alberto Fernández. La funcionaria dirigió una carta al procurador en la que señala el “hostigamiento que está viviendo la comunidad”, “cuando existe una ley intuitiva y de orden público que ampara a la comunidad Inalef por lo menos mientras dure el plazo de la emergencia dispuesta por la ley 26.160”. En la misiva, destaca su carácter de autora de la ley provincial por la cual Río Negro se adhiere a la mencionada ley nacional que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, y sus sucesivas prórrogas.

En nombre de la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios, su secretaria Miriam Liempe, dijo: “En un claro retroceso de la aplicación de la justicia de los pueblos originarios en la provincia de Río Negro, se enmarca la persecución y la criminalización de hermanas mujeres, entre ellas esta abuela de 93 años. Se las persigue sacándolas de sus territorios, 5 generaciones ya han estado en ese territorio y la justicia cómplice de todo ese maltrato, hace caso omiso a los derechos que tenemos como pueblos en los que se ratifica la posición ancestral y cultural de los pueblos. En ese sentido desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios nos solidarizamos y repudiamos ese proceder”.

Fuente: Canal Abierto

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