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Salud Solidaria en jaque

por Por Juan Carlos Giuliani*

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El Gobierno Nacional oficializó el Decreto que desregula las Obras Sociales para los trabajadores que están en relación de dependencia tanto del Sector Público como del Privado, sindicalizados, monotributistas, entre otros. La norma establece que el derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud. Los beneficiarios tendrán el poder de elegir entre una Obra Social o una empresa de medicina prepaga sin restricciones, desde el momento en que inician una relación laboral.

Tras la supuesta “transparencia del sistema”, Milei no esconde su decisión de proseguir con el proceso de demolición de la Salud Pública y de agotar por inanición a las Obras Sociales para entregar el negocio de la Salud al Sector Privado, tal cual lo impone el FMI. La desregulación de las Obras Sociales le abre el juego a las prepagas. Los asuntos de la vida y la muerte de los ciudadanos queda en manos de los dueños de casi todas las cosas.

No resulta sencillo hablar de Salud cuando cerca del 60 por ciento de la población se encuentra en la pobreza y hay un alto número de indigentes privados del derecho primario a la alimentación, a una vivienda adecuada a las necesidades de cada familia, al agua potable, cloacas, a un medio ambiente saludable, imposibilitados de acceder a la educación y a la atención de la salud física, social y emocional.

En la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, además del Sistema de Salud Pública y del sustentado en la actividad privada, desde la década del ’60 existe el régimen de las Obras Sociales Sindicales que, en la inmensa mayoría de los casos, son administradas de manera eficaz y transparente por las organizaciones gremiales de los trabajadores, que son los dueños del sistema. Esto no significa desconocer sus defecciones, los casos de corrupción de la burocracia, las políticas del sindicalismo empresarial funcionales al complejo médico privado, y su frecuente malversación cuando se terceriza la administración a través de gerenciadoras manejadas por empresas privadas de salud prepagas.

Las Obras Sociales están establecidas en un sistema solidario donde los beneficiarios aportan a un “fondo común” administrado por los mismos trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Se financian con los aportes de los trabajadores y de los empleadores. A cada trabajador en relación de dependencia se le descuenta un 3% de su sueldo para financiar su obra social y el empleador aporta otro 6 %. Quienes tienen altos salarios y los de los salarios más bajos obtienen como contraprestación una asistencia idéntica, sin discriminación, gracias a la propia solidaridad del sistema.

Las Obras Sociales Sindicales, el PAMI y las Obras Sociales Provinciales, en conjunto, aportan cobertura a casi el 60 por ciento de la población, más de 27 millones de personas. Como contrapartida, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el Sector Público y las prepagas atienden entre un 7% y un 10%. Una cifra que da cuenta de la crisis que padece el Sector Público y refleja lo inaccesible que se ha tornado para el común de los mortales la red de atención privada.

Han pasado cuarenta años del retorno de la democracia y la degradación del Sistema de Salud Pública es angustiante. Falta de personal e insumos, magros salarios, precarización laboral, deterioro edilicio y el incumplimiento de la carrera sanitaria, constituyen apenas algunas de las manifestaciones de ese descalabro. No obstante, cuando el Covid-19 llegó al país, fue el Sector Público el que una vez más, y pese a todas sus carencias, se puso al frente de la crisis con el inestimable sacrificio de las trabajadoras y trabajadores de la primera línea que, además del reconocimiento de los aplausos de la gente, reclaman mejores salarios y condiciones dignas de trabajo.

Las Obras Sociales Sindicales siguen bajando por el tobogán del desfinanciamiento debido al elevado nivel de desempleo y trabajo no registrado. Ahora se les pretende dar otro empujón en la caída para entregarlas a la voracidad del capital privado. El desgraciado Gobierno del Frente de Todos ya advertía que para sobrevivir tendrían que integrarse porque -según la óptica del mercado- en su mayor parte no son sustentables.

Los seguros privados, recurso al que apelan parte de los sectores medios, avanzan sin demasiadas regulaciones por parte del Estado y son invariablemente caros sin que ello sea sinónimo de calidad de las prestaciones. Los organismos multilaterales de crédito, imponiendo la estrategia del Seguro de Salud, limitan al Estado a otorgar prestaciones mínimas a “la población carenciada”, preservando para los grupos económicos las áreas rentables –medicamentos, seguros privados, tecnología y alta complejidad en general– que les permiten continuar con su enriquecimiento económico.

El imprescindible Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud de la Nación –uno de los “malditos” de la historia oficial– sostenía que “no hay pueblo sano sin justicia social”. Desde esa concepción resulta insoslayable generar nuevos modelos productivos que pongan freno a la concentración económica en manos de unos pocos y a la depredación de nuestros bienes comunes, e implementar políticas públicas universales que avancen en una distribución equitativa de la riqueza.

*Periodista. Escritor. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba

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