El Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que no consultó a las comunidades originarias del sur antes de avanzar con el protocolo minero que firmaron Alfredo Cornejo y Javier Milei y ordenó dar de baja a la resolución que lo puso en marcha.
En paralelo, se vio obligado a frenar el proyecto minero “Merlot-Syrah”, impulsado por el concesionario Nueva Gran Victoria S.A, en Malargüe Distrito Minero 1. La iniciativa incluye dos minas —“Nueva Gran Victoria Syrah” y “Nueva Gran Victoria Merlot”— destinadas a la extracción de cobre y oro diseminado, y contempla dos etapas: prospección y exploración.
Ubicado en la zona de Las Vegas, Butamallin (Zona 1), el proyecto quedó paralizado como consecuencia directa de la impugnación del protocolo de consulta previa.
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