Al Presidente de la Convención Constituyente

            Antonio Maroco

            A la Vicepresidenta Primera

            Amelia Elizabeth Acosta

            Al Vicepresidente Segundo

            Guillermo Martinelli

            A la Vicepresidenta Tercera

            Maria Tusnelada Castañares

Nosotras, nosotros, nosotres, los y las miembros de las comunidades y naciones originarias, miembros de las organizaciones, quienes estamos al frente de merenderos y comedores, las que gritamos ni una menos vivas nos queremos y la diversidad y disidencia salteña nos convocamos en esta Jornada de Lucha frente a la Legislatura, donde sesionan les convencionales constituyentes, llegamos a esta jornada luego de travesar una de las pandemias más duras de los últimos tiempos. Nos convocamos nuevamente, firmes con nuestros reclamos, y con pesar de que una vez más quienes gobiernan miren a otro lado y eleven un proyecto de reforma ciego, sordo y mudo ante las necesidades del pueblo. Venimos atravesando otro año muy duro a nivel país y necesitamos que quienes están a cargo de la gestión de la provincia y proponen una reforma vacía, que solo propone modificar la duración de los mandatos de diputados, senadores, del gobernador, del vice gobernador, la designación de jueces, las condiciones de ilegibilidad, y como si fuera poco, en el segundo artículo agrega que resultaran nulas de nulidad absoluta los agregados o modificaciones que se aparten de los artículos mencionados. Se quieren perpetuar en los cargos y garantizarse la impunidad, y el pueblo en las calles aquí reunido, en pleno ejercicio de las facultades de participación popular no lo va a permitir.

La pandemia vino a profundizar la crisis, la pobreza y las diferencias económicas, sociales y estructurales en nuestra provincia. La violencia contra las mujeres y contra la diversidad fue noticia mes a mes. Desde los inicios del mandato del gobernador Sáenz, las noticias de muertes por desnutrición de nuestros niños y niñas originarias sumadas a la falta de agua de la región de los departamentos de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur nos demuestran los años de olvido y de políticas transversales con derechos humanos hacia las comunidades.  Lxs aquí presentes compartimos el dolor y la fuerza de la lucha para acompañar los caminos que atraviesan quienes sufren la violencia en todas sus formas y versiones por motivos de género.

La situación de Salta es un rojo constante en materia de abordaje, prevención y erradicación de la  violencia contra las mujeres y la diversidad. En lo que va del año en la provincia se registraron 13 femicidios, es decir que muere una mujer cada 23 días, un dato no menor es que hasta el mes de octubre se registraron 19 tentativas de femicidios. En este panorama nos encontramos hoy tratando de transformar el dolor en lucha y armando estrategias para el acompañamiento a mujeres en situación de violencia en el territorio.

Desde el acompañamiento realizado se nos fueron relevando diversas situaciones que ponemos en conocimiento para aportar a la transformación del abordaje de las instituciones que intervienen desde el momento que una mujer decide poner fin a una situación de violencia.

Desde la prevención:

– Conformación del Ministerio de la Mujer a nivel provincial, con una sede física y con personal capacitado con perspectiva de género, con enfoque de género y derechos humanos, que se conformen reparticiones en todos los departamentos, para que puedan articular con el Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidad a nivel nacional y bajar las políticas públicas a la provincia y los municipios.

– Capacitación permanente en la Ley Micaela en todos los niveles del Estado y a todos los agentes.

– Creación de áreas municipales de género en la provincia y fortalecimiento de las que ya se encuentren conformadas con equipos interdisciplinarios con perspectiva de género y comunitaria. Salta cuenta con 60 municipios, 25  disponen áreas de género y diversidad, de los 60 municipios, 30 no brindan atención ni asistencia en situación  de violencia de género.

– Recursos públicos y masivos con teléfonos, horarios y direcciones de los lugares que asesoren y acompañen a mujeres y diversidades que lleguen a todos los CIC, SUM, Centros Vecinales, Ferias Barriales, y usar las herramientas tecnológicas disponibles y de mayor alcance.

– Campañas de prevención de la modalidad de violencia en la web que afecta sobre todo a las, los y les más jóvenes. Con especial foco en grooming y sextorsion. Sobre todo desde las escuelas, implementar modalidad de talleres para abordar la problemática.

– Capacitación permanente de todos los agentes que intervienen en la ruta de la denuncia de violencia. Priorizando los agentes policiales ya que se registra mucha violencia institucional y es unos de los primeros lugares a quienes se recurre y donde más se revictimiza a  quienes van a registrar una denuncia.

– Programas bilingües de capacitación para las hermanas y hermanes originaries, capacitación en promotoras territoriales y promoción de derechos dentro de su comunidad. Abordaje especifico contra el abuso sexual a niñas y jóvenes originarias.

Desde el abordaje:

• Presupuesto acorde para la demanda en el abordaje de la violencia. Reforzar presupuesto en zonas críticas como por ej. Anta, Gneral San Martín, Rivadavia
• Prioridad de denuncia en comisarías. Muchas mujeres desisten de la radicación ya que cuando pueden concurrir a un establecimiento están alrededor de tres horas a la espera de que poder radicar la denuncia.
• Creación de un registro único de denunciados por violencia de genero para poder actuar a tiempo, en la asistencia a la persona violenta con asistencia psicológica y para poder actuar con urgencia ya que se presentan mujeres con reiteradas denuncias (por ejemplo: 15 denuncias a la misma persona) y jamás se efectuó un seguimiento/atención focalizada en detener la violencia hacia la víctima para evitar el perjuicio a su salud. Con un registro se podría hacer un seguimiento del mismo y actuar desde lo jurídico ante las personas que reinciden en cometer actos violentos contra sus parejas, ex parejas, etc.
• Creación de refugios zonales o casa seguras de referencia en barrios en las cuales una mujer pueda concurrir y estar a salvo ante cualquier situación de violencia. Creación de refugios en los municipios, ya que la provincia cuenta con pocos refugios concentrados en Capital.
• Acompañamiento especifico a familias que sufrieron un femicidio, asistencia integral jurídica, de salud, psicológica y económica. Que se les explique todos los pasos a seguir en todo momento en el acompañamiento jurídico.
• Reforzar líneas de 911 para la intervención urgente en casos de peligro ante situaciones de violencia, que tengan prioridad o no sean desestimadas.
• Entrega inmediata y sin demora de botones anti-pánico a mujeres que tengan orden de restricción.
• Articulación con el colegio de psicólogos para la creación de un programa de atención gratuita a víctimas de violencia y sus familiares.
• Articulación con la Secretaría de niñez y familia de la provincia sobre la asistencia de menores en situación de violencia para el fortalecimiento familiar con especial foco a hijos/as desamparados producto de femicidios.
• Conformación de equipos técnicos locales en todos los municipios o cabezas de departamentos que cuenten con: responsable de área, abogados/as, psicólogos/as, trabajadores sociales. Jerarquizar su tarea en la comunidad y que cuenten con una contratación efectiva desde los departamentos.
• Articulación con los municipios para que en las áreas donde no se cuentan con asistencia se traslade en forma gratuita y urgente a las mujeres hacia instituciones jurídicas y de salud.
• Hacer público el registro de promotores territoriales de género y diversidad a nivel comunitario para trabajo en red y en territorio, para saber con qué disponibilidad de recursos humanos se cuenta en la provincia para el acompañamiento y como primer acercamiento hacia las mujeres y diversidades, ya que nos permitía llegar hasta la última mujer o poder abarcar en red aquellos lugares donde lo institucional está limitado.
• Fortalecer el programa de promotores territoriales de género y diversidad a nivel comunitario ya que se encuentran trabajando desde años en los lugares más vulnerables de la provincia y lo hacen desde el voluntarismo y la militancia. Aportar más herramientas y presupuesto amplía y enriquece su acompañamiento.
• Programas para el acceso a viviendas seguras y asistencia económica ya sea a través de programas municipales, provinciales o nacionales.
• Protocolos únicos de atención sanitaria en todos sus niveles (médicos, psicólogos, personal efector de salud).

Desde la erradicación:

• Trabajo de las juventudes con talleres y estrategias de trabajo dinámico junto a las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y con las, los, les promotores territoriales.
• Campañas en redes sociales acercando las instituciones a los territorios, que no queden solamente en ir a un lugar y denunciar, que la participación de la comunidad no quede acotada a simplemente concurrir a denunciar, sino que sean posibles consultorios itinerantes.
• Fortalecer el trabajo en red con todas las organizaciones sociales, ONG y fundaciones que trabajen el territorio con un plan articulado para la asistencia desde los municipios, la provincia y la nación.
• Reconocimiento económico a las promotoras territoriales de la provincia. Que se trate en forma urgente en el senado el proyecto, y que se le destine presupuesto real y efectivo.

Sobre los pueblos y naciones originarias

• Garantizar su derecho a la identidad y su educación bilingüe e intercultural
• Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
• Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y facilitar sus trámites para la posesión y propiedad comunitaria de las tierras.
• Implementar y respetar la Ley 26.160 en emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades.
• Garantizar el acceso al agua en forma urgente.

SOBRE EL TRABAJO Y EL CUPO LABORAL TRAN

-Es urgente la implementación de la Ley N° 27636 de promoción del acceso al empleo  formal para personas travestis, transexuales y transgéneros.

-El cupo travesti/trans es una política pública afirmativa hoy en Argentina para la población travesti/ trans porque registra varias acciones que son imprescindibles para abordar la desigualdad y la violencia estructural. Además, toma como todos los antecedentes fundados en estudios sociales que hay dentro de nuestro país y a nivel regional.

Según el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el promedio de vida de una persona trans en América Latina es de 35 años y en nuestro país, registramos que ese promedio es a los 40 años. Esos cinco años que ganamos en la expectativa de vida trans  es algo que se ganó en función de lo que es el reconocimiento de los derechos y poder mejorar las condiciones, en nuestro país. Las muertes tempranas de las personas trans son por motivos evitables, que corresponden a una cadena de violencias a lo largo de su vida.

–  La ejecución de esta normativa,  que hacen fundamental su ejercicio en un Estado de derecho, por un lado el principio de no discriminación y el trato digno, promoviendo el vivir en     sociedades diversas, plurales y democráticas en donde nuestras instituciones también sean representativas de esa diversidad.

-Por ello, consideramos viabilizar todos los mecanismos para la real implementación de la LEY LABORAL CUPO TRANS.

SOBRE LA PRECARIZACION  y VIOLENCIA LABORAL DE LAS TRABAJADORAS

• Falta de Decisión Política del Gobierno Provincial sobre el abordaje de prevención y erradicación en Violencia laboral,  las denuncias presentadas en Violencia Laboral, total abandono a  las victimas provocando llegar  así hasta la muerte.
• Capacitación en todo el ámbito laboral contra la discriminación hacia la diversidad, que se cumpla la legislación laboral contra los despidos arbitrarios. Trabajo digno para la autonomía de las mujeres y la colectiva disidente.
• Trabajadoras precarizadas en la figura de MONOTRIBUTISTAS en el Poder Ejecutivo Provincial con más de 5 años de Antigüedad sin obras social ni aportes jubilatorios.
• Trabajadoras despedidas en el Gobierno de Gustavo Sáenz.