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Presentación judicial reclamando la inconstitucionalidad del DNU 70/23: las razones de un reclamo justo y necesario

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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) ha llevado adelante múltiples acciones para rechazar el dictado del decreto de necesidad y urgencia 70/23, a través del cual el Gobierno Nacional modificó una gran cantidad de normas que afectan las condiciones de vida de la población de nuestro país. Entre ellas se encuentra la promoción de un amparo colectivo que actualmente tramita en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo.

Enumerar los aspecto de la vida social que están siendo trastocados por el DNU 70/23 resulta una tarea casi inabarcable. Esta norma no solo modificó gran parte de las disposiciones del derecho laboral, a tal punto que muchos la consideran la reforma más regresiva de la historia incluso por encima de los cambios producidos por la última dictadura militar, sino que también derogó las normas que protegían a los inquilinos, liberó a su suerte a quienes recurren a coberturas privadas de salud, generó cambios en materia pesquera, sanitaria, comunicacional, ambiental y en el funcionamiento de las sociedades del Estado, habilitó la intervención la transformación de los clubes deportivos en sociedades comerciales, facilitó el accionar de las grandes empresas en la minería, la actividad energética y el transporte aerocomercial, entre otros. En síntesis, a partir de alegar la existencia de una “desesperante situación económica general” el Poder Ejecutivo dictó una norma por la cual se derogan totalmente 41 leyes y decretos ley, se derogan parcialmente 7 leyes y se modifican 33 leyes.

A partir de su dictado se han promovido numerosas acciones judiciales a lo largo del país y con distinto alcance. Algunas demandan cuestionan aspectos o capítulos puntuales del DNU. Otras pretenden lograr su invalidación con carácter general. Dentro de este segundo grupo está la demanda presentada por la CTA Autónoma.

Al ser un amparo colectivo que busca cuestionar todo el DNU 70/23, dada la amplitud de su contenido, los argumentos que lo sustentaron hicieron hincapié en los aspectos institucionales más que en las afectaciones que cada uno de los capítulos provoca sobre los distintos grupos poblacionales a los que agrede. En efecto, las diversas disposiciones del DNU 70/23 son inconstitucionales no solo por ir en contra de derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, sino también por no respetar los requisitos formales previstos para el dictado de decretos de necesidad y urgencia.

El amparo presentado por la CTA Autónoma demuestra que en este caso no están acreditados los extremos exigidos por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución que sostiene:

“… El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia …”

Esta norma establece el principio general de que el Poder Ejecutivo no puede legislar, tarea que en nuestro diseño institucional le compete al Congreso Nacional. Asimismo, establece que este principio solo puede ceder ante circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes y que se trate de razones de necesidad y urgencia.

Por un lado, la acción judicial presentada por la CTA Autónoma señala que dichas circunstancias excepcionales no existen y que no hay ningún obstáculo para que las iniciativas del Poder Ejecutivo se discutan en el Congreso Nacional. Sin ir más lejos, en la actualidad se encuentra en pleno funcionamiento en el marco del funcionamiento en sesiones extraordinarias. A su vez, en ningún caso las reformas plasmadas en el DNU no pueden esperar los tiempos que insume el trámite legislativo. Si bien allí se señala que ellas apuntan a resolver cuestiones estructurales que impiden el crecimiento económico en nuestro país, lo cierto es que se trata de un problema de larga data (al menos una década) y en todos estos años el Congreso Nacional ha funcionado normalmente.

Por otra parte, el amparo colectivo destaca que las razones de necesidad y urgencia no pueden analizarse en abstracto, ya que ellas deben relacionarse con cada aspecto puntual abordado por el DNU. Resulta obvio que no es lo mismo analizar el funcionamiento del mercado de fuerza de trabajo que la situación del transporte aerocomercial, la figura jurídica que puede utilizarse en los clubes deportivos o los problemas sanitarios existentes en nuestro país. Cada una de estas dimensiones, y de todas las reguladas por el DNU, requieren ser consideradas por separado a fin de determinar si, en cada caso, existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen su modificación por esta vía excepcional.

Entre las muchas preguntas que se formula la presentación de la CTA Autónoma se encuentran las siguientes:

  • ¿Cuál es la urgencia que hace imposible tratar en el Congreso la derogación de derogar la ley de góndolas?
  • ¿Cuál es la urgencia para permitir que los clubes de fútbol se transforman en sociedades anónimas?
  • ¿Cuál es la urgencia para eliminar las multas para empleadores incumplidores?
  • ¿Cuál es la urgencia para modificar la ley de tierras?
  • ¿Cuál es la urgencia para privatizar ARSAT?
  • ¿Cuál es la urgencia para derogar la Ley de Alquileres que fue ratificada por el Congreso hace dos meses?

Por cierto que ninguna de ellas puede ser respondida por los impulsores del DNU, cuya única defensa se basa en una lectura forzada de la Constitución contraria a todos los precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, de reconocerse, habilitaría al Poder Ejecutivo a gobernar por decreto y reduciría al Congreso a una figura meramente decorativa. Adicionalmente, el amparo presentado por la CTA Autónoma destaca que el DNU deroga normas penales, lo que implica una violación directa de la prohibición expresamente reconocida en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.

En definitiva, a través del DNU 70/23 el Poder Ejecutivo Nacional se está arrogando facultades de naturaleza extraordinarias equivalente a la suma del poder público, pasando por alto los requisitos previstos en la Constitución en tanto no existen circunstancias excepcionales ni razones de necesidad y urgencia para efectuar la modificación masiva de normas en los términos que las lleva adelante. Para ponerlo en los propios términos del amparo, “nos encontramos con el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades por fuera de la Constitución que implican trastocar radicalmente y estructuralmente la economía del país, su sistema productivo, su organización social y estatal, la prestación de los servicios públicos, la organización de la sociedad civil, el comercio interno e internacional, las relaciones laborales, las relaciones de consumo, etc. sin permitir que estos cambios sean debatidos por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional de forma previa a la entrada de su vigencia”.

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