Las tareas están a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán y están paralizadas. Los peritos aún no cobraron sus honorarios de todo el 2020 y 2021. Desde el juzgado federal a cargo de la investigación responsabilizan al Consejo de la Magistratura.

El Juzgado Federal N° 2, que está a cargo de la investigación, gestiona y obtiene del Consejo de la Magistratura de la Nación el compromiso de garantizar los fondos que sean necesarios para los trabajos en el Pozo de Vargas. Desde entonces, los giros de las partidas nunca fueron regulares y en reiteradas ocasiones se acumularon varios meses de falta de pago.

Para cobrar, los peritos deben ser monotributistas y desconocen cómo es el flujo y el criterio con el que el Consejo de la Magistratura libera los fondos.

La última vez que les pagaron sus haberes fue en noviembre de 2020 pero era una deuda de los cuatro últimos meses de 2019. Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se paralizaron en el predio por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Aunque sí se mantiene en el lugar una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en la calle Italia al 900 de San Miguel de Tucumán.

Desde CTA Autónoma Tucumán exigimos la urgente normalización de los pagos a los compañeros y compañeras que realizan su trabajo de manera eficiente en el Pozo de Vargas.