Ante la espiral de balaceras, amenazas y atentados dados en Rosario y Gran Rosario que cada día crece en la zona, debemos marcar con firmeza que las autoridades son las responsables de garantizar el derecho a la vida e investigar en profundidad las organizaciones delictivas, que tienen muchas veces nexos en la estructura estatal. Es fundamental seguir la ruta del dinero para dar con los responsables de los atroces crímenes que sufrimos.

La historia nos ha demostrado que, ante un clima social de creciente violencia, lo que se abre es un campo donde todo vale y en el que quienes le ponen el cuerpo a las organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunales, en los territorios, están expuestos a una mayor impunidad de quienes las y los marcan como enemigos a eliminar.

La violencia que también encuentra eco en discursos de odio y de relativización de la gravedad de lo sucedido, genera climas enrarecidos que abonan las perspectivas antidemocráticas. Como pueblo no podemos ni naturalizar ni permanecer impávidos ante esta realidad atroz, con decenas de asesinatos y representantes populares –en funciones o no-  agredidos por bandas de tiradores.

Exhortamos a las autoridades municipales, provinciales y nacionales a que asuman la responsabilidad que les cabe, a casi dos años de gestión en cada nivel, porque echando culpas a terceros no se salvan vidas ni se logra terminar con la dominación territorial de grupos delictivos. Al momento, las respuestas oficiales fueron insuficientes, con políticas de improvisación rayanas en la desidia, sin atacar la raíz de los problemas y descuidando así a las y los habitantes de la provincia.

El abordaje debe atravesar todos los niveles y poderes del Estado. No puede banalizarse esta realidad y entramparla en polarizaciones que abonan más impunidad y el sostenimiento del riesgo de vida y de salud. La violencia se frena con responsabilidad política, acción coordinada y definida y la voz de todos los sectores sociales.