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La CTAA Río Negro interviene en el conflicto de la Cooperativa 1° de Mayo

Su secretario General, Rodolfo Aguiar, se reunió con los trabajadores y acordó con el actor en la causa para que no inste al desalojo compulsivo. Hasta el momento, se logró un impasse de 5 días y se levantó el corte de ruta.
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La CTA Autónoma de Río Negro comenzó a intervenir en el conflicto que se desató con los trabajadores de la Cooperativa 1° de Mayo de General Roca a partir de que la Justicia ordenara su desalojo, violentando el derecho fundamental al trabajo.

«Lo que está ocurriendo con la cooperativa es muy difícil de creer. En un país que tiene como principal desafío recuperar la producción y crear puestos de trabajo, acá pretenden arrasar con un establecimiento en plena producción y eliminar más de 50 puestos de trabajo directos y unos 500 indirectos», señaló el Secretario General de la CTAA Río Negro y Secretario Adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente entabló una comunicación con el abogado del empresario Mario Leonardo López demandante, el Dr Rubens Vila, y logró suspender por cinco días la posibilidad que avance el desalojo, pasando a un cuarto intermedio hasta el lunes. A partir de eso, la asamblea que mantuvieron los trabajadores resolvió levantar los bloqueos que realizaron en la Ruta Nacional 22 y Provincial 65 (Ruta Chica).

“En las próximas horas intentaremos conocer cuál es la voluntad de los gobiernos provincial y local. A esto lo tiene que resolver la política y no las armas de ninguna fuerza policial. Nosotros no queremos que queden dudas sobre que de nuestra parte se hicieron todos los esfuerzos para sostener el diálogo y alcanzar consensos. Si los nuevos plazos se agotan, sin que existan soluciones en curso, nos veremos obligados a retomar todas las medidas.», explicó el dirigente.

La central sindical intentaría en las próximas horas establecer diálogo con las autoridades de los gobiernos nacional, provincial y municipal para que intervengan en la causa en la cual la jueza María del Carmen Villalba había dictado la orden de desalojo en noviembre pasado, dándole un plazo de tres meses a los trabajadores para abandonar el lugar, el cual venció el 11 de febrero.

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